El conseguidor tenía un sueldo de 3.000 euros por gestiones al más alto nivel
02 nov 2014 . Actualizado a las 09:29 h.Ya era sabido, como recoge el sumario, que Gerardo Crespo, el principal imputado en la operación Zeta que investiga un posible fraude de subvenciones, tenía en nómina a Francisco Ramón Lucas Blanco, un empresario madrileño a quien ya no solo la policía, sino ahora también el propio Crespo, colocan como «su conseguidor», como el hombre muy bien relacionado con las altas esferas de la política y que a cambio de dinero hacía valer sus contactos y amistades para facilitar contratos a quien le pagase. Y Crespo le pagaba religiosamente todos los meses la cantidad de 3.000 euros, según reconoció ayer. A cambio, Lucas tenía que abrirle las puertas de los más altos despachos de la administración, facilitarle la obtención de proyectos o incluso avivar a determinado gobierno o Diputación para que paguen atrasos. Pero lo que no se sabía era por qué Francisco Ramón Lucas, conocido por sus amigos como Patxi Lucas, dejó de cogerle el teléfono a Crespo en enero del 2012 pese a que seguía pagándole las mensualidades. El empresario coruñés supo de los motivos de «esa extraña y repentina desaparición», según confesó, unos meses después, en mayo. Así recuerda Crespo como se enteró: «Como era imposible ponerse en contacto con él, pues no me cogía el teléfono ni respondía a las decenas de recados que le dejábamos, nos movimos en mi empresa y a través de otras personas al fin conseguimos que nos respondiera. Nos dijo que por teléfono no nos podía contar nada, que mejor nos viéramos en Madrid. Y allá me fui. Quedamos en el jardín de Serrano, una cafetería cerca de Colón. Y en una de sus mesas me confesó que en enero le habían avisado los políticos de que no me contestara a las llamadas porque estaba siendo investigado y mi teléfono estaba pinchado». Allí, en aquella cafetería madrileña, supo Gerardo Crespo por primera vez que tenía a la policía encima.
Investigación secreta
La pregunta que se hizo de inmediato Crespo fue la siguiente: «¿Cómo sabían los políticos en enero que estaba siendo investigado si las actuaciones policiales y judiciales eran secretas y así siguieron hasta junio, cuando se produjeron los registros en las empresas?». La respuesta se la imagina, «y es que alguien tuvo que dar el chivatazo». ¿Qué político alertó a Patxi? Crespo no lo sabe.
Dice Crespo que ató cabos. Recuerda que en enero del 2012, cuando no habían pasado ni unos pocos días de que la jueza ordenase la intervención de su teléfono, los políticos «ya lo sabían» y dejaron de hablarle. De hecho, aparecen en el sumario mensajes de Crespo al alcalde de A Coruña en los que le afeaba que no le respondiese a las llamadas, que lo dejasen «tirado» y que incluso que llegasen a avisar a Patxi Lucas de que no le cogiera el teléfono. Al principal imputado de la trama le parece además «una extraña casualidad» que también en enero la Xunta revocase los proyectos justo a los cinco principales imputados.
La teoría de Crespo la desmontan desde la consellería de Traballo. Ahí muestran los papeles que prueban que en octubre del 2011 ya las empresas de Crespo y del resto estaban siendo investigadas por inspectores del departamento, de ahí la revocación de los cursos.
La Voz intentó de nuevo ayer sin éxito ponerse en contacto con Francisco Ramón Lucas, que ni está imputado ni fue llamado a declarar como testigo al juzgado de instrucción número 6 de A Coruña.