La jueza de la operación Zeta ordenó investigar el patrimonio de los imputados en el caso
GALICIA
Es habitual que un juez que lleve un caso en el que los procesados tengan que responder con su patrimonio a las multas o a las indemnizaciones que les puedan recaer abra una pieza separada para investigar los bienes que tengan. Y en la operación Zeta no se hizo una excepción. Esta medida se toma para evitar que los imputados, en este y en cualquier caso, intenten distraer su patrimonio de la acción judicial.
En esta causa, que ya no está bajo secreto de sumario después de que lo estuviera durante más de dos años, la titular del Juzgado de Instrucción número 6 de A Coruña, que es la que lleva el caso, se centra en la responsabilidad económica de los imputados, así como en hacer balance de las cuentas y el patrimonio que tienen para que, en caso de ser necesario, respondan con él ante la Justicia.
Posibles indemnizaciones
Esta pieza separada sirve para agilizar el posible pago de indemnizaciones a las que deberán hacer frente los sospechosos si, finalmente, se prueba que utilizaron de forma fraudulenta ayudas públicas destinadas a cursos de formación, como sostiene el grupo de delincuencia económica de la policía, que ya adelantó en el sumario los balances económicos hallados en los registros efectuados a las empresas implicadas en la trama.
El primero de los registros tuvo lugar en junio del 2012 en las sedes del principal imputado, el empresario coruñés Gerardo Crespo. Su procesamiento motivó el estancamiento de sus negocios hasta el punto de que el pasado mes de septiembre, días antes de que se levantara el secreto de sumario, presentó un concurso de acreedores, según aparecía publicado en el BOE. El edicto especificaba que el deudor «conservará las facultades de administración y disposición de su patrimonio quedando sometida al ejercicio de estas facultades a la intervención de la Administración concursal a Beatriz Borrajo [...], para que los acreedores, a su elección, efectúen la comunicación de créditos». Asimismo, se acordó el llamamiento a los acreedores para que comuniquen a la administración concursal la existencia de todos sus créditos.