Las centrales sindicales advirtieron ayer que las modificaciones en el texto definitivo del proyecto de Lei do Emprego Público representan una ilegalidad, porque, esgrimen, el Estatuto Básico del Empleado Público obliga a tratar estos asuntos en comisión de personal. Tachan de electoralista aunque insuficiente el itinerario que se marca el Gobierno para restablecer el salario, en el 2018.
Roberto Varela (CIG) cree que la Xunta extiende los recortes al 2018, pero que los suaviza porque «saben que teñen perdido o voto dos empregados públicos». Emilio Doforno (CC. OO.) juzga «impresentable» que el Ejecutivo se dé cuatro años «para devolver o que nos foi roubado». José Vázquez (UGT) critica que el actual Gobierno pretende dejar al próximo la hipoteca de los recortes. En ese sentido, José Brunete (CSIF) objeta que el PP no podrá cumplir su compromiso si no gana las autonómicas del 2016.