El principal imputado de la operación Zeta dice que tiene grabaciones que demostrarían la «corrupción crónica» del Partido Popular
03 feb 2015 . Actualizado a las 13:14 h.Gerardo Crespo prometió que declararía «para demostrar por fin» su inocencia ante la jueza y de nuevo se acogió a su derecho a no hacerlo. El principal imputado en la operación Zeta, abierta hace tres años por un supuesto fraude de subvenciones en cursos de formación, acudió ayer a los tribunales coruñeses para decirle a la titular del Juzgado de Instrucción número 6 que no respondería a sus preguntas mientras no se una a la causa un informe de Hacienda, pues entiende que en estas circunstancias «no podemos valorar las acusaciones que nos están haciendo, no sabemos de qué tenemos que defendernos».
El empresario del sector de la formación, pospuesto de nuevo su interrogatorio judicial, con quien volvió a hablar fue con la prensa. Para dedicarle nuevas y duras acusaciones al PP y a sus máximos responsables regionales, a quienes responsabiliza de su situación. Porque él jura estar libre de toda culpa por muy cercado que esté por los 12.500 folios de un sumario en el que la policía lo coloca al frente de una trama que consistía, básica y supuestamente, en ayudarse de favores de cargos públicos para acceder a subvenciones para la formación, repartirse el dinero con las entidades beneficiadas, y luego no hacer el curso o hacerlo mal. Si dentro del juzgado no quiso hablar, fuera y rodeado de periodistas fue un libro abierto. Llegó a advertir de que cuenta con documentos y grabaciones que probarían «la corrupción crónica» del PP. Promete que todo lo hará público, pero sin decir cuándo. Lo hará «poco a poco» y afirma que la jueza «lo tendrá todo». Además, su abogado, el penalista Ramón Sierra, llamará a declarar a «muchos» altos cargos de la administración.
En su estrategia barcenizadora de salpicar el calendario con polémicas acusaciones hacia los políticos, quiso dejar claro quiénes son los forjadores de su desgracia, «la conselleira de Traballo y el presidente de la Xunta, que mienten; pues ellos no fueron los primeros en mandarnos al fiscal, sino las empleadas de Caype, como deja bien claro el sumario. Ellos cuando se enteran de que nos están investigando, para desmarcarse, nos mandan a la Fiscalía inventándose unas revocaciones de unos planes integrales de empleo y dejan de cogerme el teléfono, algo que me reconoció el propio Pachi Lucas [se refiere a su conseguidor]. Todo coincide. Trabajaba con Pachi Lucas porque o estás con los amigos o no trabajas».
Y ahora que lleva tres años sin trabajar, morador de un piso embargado, empresario de empresas en quiebra, el que fuese durante las últimas dos décadas responsable de entidades de minusválidos y dueño de un grupo de formación al que adjudicaban millones de euros en cursos y subvenciones por toda España, confiesa ahora que está en el paro, arruinado. Ya no puede ofrecer cursos porque sus empresas, que llegaron a tener 150 empleados, ya no es que no puedan aspirar a ayuda alguna, es que las administraciones le están reclamando dinero por cursos revocados.
Todo eso lo recordó ayer a su salida de los Juzgados: «Esos tres años han supuesto la quiebra de mi empresa, la pérdida de 150 puestos de trabajo, unos gastos anuales, casi todos en personal, de más de dos millones y medio de euros; y la pérdida de todo mi patrimonio». No obstante, aclara que no ganó «muchísimo dinero» como cuentan algunos porque «está todo invertido, gastado en cursos bien realizados, ejecutados, auditados, inspeccionados por la Xunta, aprobados por la Xunta en sus justificaciones económicas y con las facturas autorizadas».
«El sumario miente»
Abandonado por muchos de los que antes se movían para darle ayudas y negado tres y más veces por quienes lo atendían en sus despachos, Crespo se queja a su abogado y a sus leales de que lo han «dejado tirado». El tamaño de su disgusto debe ser inversamente proporcional al de la lista de empresas, sociedades, negocios, favores y comisiones con que la jueza lo relaciona en los 25 tomos del sumario.
Pero por mucho que se diga ahí, por muchas grabaciones en las que se le escucha, presuntamente, inventar profesores y alumnos para los cursos que organizaba, ofrecer regalos a altos cargos o repartirse con otros imputados en la trama el dinero de las subvenciones, Crespo no se mueve ni un milímetro. Jura que es inocente y dice que «el sumario miente y es tendencioso, manipula las escuchas telefónicas así como pruebas documentales, y suplantan al juez sacando conclusiones y acusaciones inciertas. El sumario va hacia unos objetivos a priori. No va llegando a las conclusiones, sino que las tiene ya sacadas, y va buscando pruebas para poder justificarlas y no coge las que le dicen lo contrario. Hay muchísimas pruebas que defienden mi postura de inocente que ellos no han utilizado»». Dicho eso, solo le queda por decir esto: «Vivimos en un estado policial, donde las libertades y derechos personales están limitados».
Junto a él hay otras 30 personas imputadas en este proceso. Se trata de responsables de entidades profesionales, como Eliseo Calviño (Confederación de Autónomos) o Héctor Cañete (hosteleros), altos cargos de la administración gallega ?cinco de ellos ya han sido cesados?, miembros de la patronal y de sindicatos. A todos se les acusa de repartirse las subvenciones para la formación con Crespo.
Su abogado anuncia que llamará a declarar a «muchísimos» altos cargos
Gerardo Crespo llegó a los Juzgados acompañado de su letrado, el penalista coruñés Ramón Sierra. El letrado dijo que está pidiendo «numerosas pruebas documentales que acreditan que los cursos de formación han sido hechos, fiscalizados, autorizados y aprobados por la Xunta» y que todas «han sido admitidas».
También solicitará que declaren ante la jueza «muchísimas personas que curiosamente todavía no han declarado en esta causa y que salen en repetidas ocasiones en las diligencias y en la investigación judicial». «Creemos que es pertinente que declaren y expliquen cosas. Algunos son funcionarios y otros tienen una categoría un poco ambigua, difícil de definir, que podrían ser asesores», ha comentado, si bien no ha aclarado quiénes son. Ejemplo de ello es Pachi Lucas, el hombre que, supuestamente, estaba a sueldo de Crespo como «conseguidor», como la persona que se movía en las altas esferas de la política para terciar por el empresario coruñés en los concursos públicos, tal y como reconoció el propio imputado. Pues bien, Pachi Lucas, pese a que aparece varias veces en el sumario, no fue llamado a declarar.
Sierra sostiene además de que «la Xunta tenía conocimiento de todo este procedimiento» antes que el propio Crespo, un extremo que tendrá «que demostrar» en sede judicial. «Las Administraciones manifiestan que desconocían la existencia de esta causa. En nuestra opinión eso no es cierto, se demostrará y se verá si hay connivencia o no en los hechos que se nos imputan o si, por el contrario, estamos mintiendo o no», ha enfatizado.
Informe de Hacienda
Ahora esperará al «informe de la Agencia Tributaria, que es la base de la acusación», puesto que en el sumario «se habla de delitos fiscales, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias, todos delitos económicos».
«Lo curioso es que quien puede acreditar la existencia de estos delitos es la Agencia Tributaria, que lleva tres años y medio para hacer un informe. Por eso queremos declarar pero no sabemos de qué vamos a declarar porque no sabemos cuál es el dinero que presuntamente nos hemos llevado», ha señalado después de que su patrocinado se acogiera por esta razón a su derecho a no declarar.
Lo que parece un hecho es que esta causa se alargará en los años. Por el número de imputados y por cantidad de documentos y pruebas.
Un total de 31 imputados
Una vez que la investigación, a falta del informe de Hacienda, está ya concluida y reflejada en 12.500 folios, la titular del Juzgado de Instrucción número 6 tenía pensado esta semana comenzar a llamar a declarar a los 31 imputados, después de que la inmensa mayoría se negase a hacerlo a lo largo de los tres años de instrucción. El primero en ser citado fue Crespo y no declaró. Esta semana también fue llamado Eliseo Calviño, presidente de Caype. Pero pidió un aplazamiento y lo hará tres días antes de las elecciones municipales. La próxima semana están citadas las dos empleadas de Caype que destaparon todo, una de las trabajadoras de la empresa de Crespo y Pérez Bello, de Autónomos de Galicia.