Mucho han cambiado las reglas de juego que dictan lo que un cargo público puede hacer desde la convocatoria de elecciones. La imagen de Fraga y sus conselleiros peinando Galicia en plena campaña tampoco queda tan lejos, y sin embargo parece una foto de la preautonomía. Oficinas de turismo, puntos limpios, pantalanes o redes de saneamiento, cualquier obra o pedazo de tierra con capacidad para alojar una placa conmemorativa era digna de ser inaugurada. Y daba igual si el motivo era una primera piedra o la última. Para el boato del corte de cinta se aprovechaba todo. Este panorama fue mudando, pero no dio un vuelco radical hasta las municipales del 2011. Meses antes, el Congreso aprobó una modificación de la ley electoral crucial para Galicia, aunque por otro motivo. La norma cerró la puerta a la participación en los comicios locales de los residentes en el exterior. Pero también trazó las líneas rojas que limitan la propaganda y alejan a los cargos públicos de las obras desde 55 días antes de los comicios.
Inaugurar no, visitar tampoco. Aunque la reforma legal parecía nítida, la Junta Electoral Central tuvo que emitir varias instrucciones para precisar su alcance concreto. Los que más trabajo dieron al órgano arbitral fueron los mismos que habían impulsado la reforma. PP y PSOE pidieron una interpretación flexible, que permitiera visitas a obras. La Junta Electoral ya aclaró entonces que los gestores públicos deben ceñirse a poner en servicio las infraestructuras que sea posible, pero sin poner un pie en ellas. Hay excepciones. Pueden cortar cintas, por ejemplo, en eventos comerciales, industriales, profesionales, culturales o lúdicos.
Ni bolígrafos del candidato ni cartas electoralistas. La norma, que regula incluso cómo deben informar las televisiones privadas, impide distribuir en precampaña material con alusiones al candidato o a la formación que representa, como llaveros, bolígrafos o mecheros. También enviar cartas o contratar publicidad con connotaciones electoralistas o referencias a logros obtenidos por los poderes públicos.
Ajustes que no prosperaron. Las reglas, promovidas con la idea de abaratar las campañas, podían ser más rentables si hubieran prosperado propuestas como las que realizaron meses atrás el PP o, más recientemente, el BNG. Los populares abogaron por reducir la campaña a siete días. Y el Bloque ha alentado al resto de partidos a emular su decisión de renunciar al buzoneo. Sin éxito.