La imputación de Caballero por el regalo de un reloj llega tras ser nombrado presidente de la FEMP. El caso deja a su gobierno bajo sospecha de corrupción
26 sep 2015 . Actualizado a las 05:00 h.Tras los registros policiales de febrero del 2014, era cuestión de tiempo que el escándalo de la Patos estallase con la imputación de cargos políticos. En el caso de Abel Caballero, pudo saltar antes de las elecciones municipales de mayo, en las que alcanzó una aplastante mayoría absoluta de 17 concejales, pero no fue así. La Patos también estuvo a punto de reventar la víspera de las elecciones de la FEMP, en las que fue nombrado presidente, pero no lo hizo.
El pasado viernes 18, el juzgado de Vigo tenía pensado notificar el escrito del fiscal que pedía la imputación de Caballero, pero unas cuestiones procesales lo retrasaron al lunes. Ese mismo fin de semana, el alcalde socialista se convirtió en alcalde de alcaldes, ganando con el apoyo de otros partidos.
La operación Patos ha salpicado a Caballero en el momento más dulce de su carrera. Pero solo disfrutó dos días en la cresta de la ola. El lunes saltó la amarga historia del reloj de 1.750 euros que, supuestamente, recibió del constructor de Eiriña, Enrique Alonso. Él lo negó tajantemente pero, ayer, la jueza dictó su imputación por tráfico de influencias. Supone un mazazo. No solo por el presunto regalo personal: también son sospechosos tres de sus concejales. De pasearse por el escaparate nacional como un político inmaculado se ve expuesto a los flexos por los amaños del constructor que, supuestamente, «tocó» con prebendas navideñas a cargos del PSOE y del PP y a funcionarios.
Muchos vigueses dudan que el alcalde acabe sentado en el banquillo por culpa de un reloj que él niega tener. Pero la investigación afecta en buena medida a su gobierno y al funcionamiento del Concello vigués. Toca de lleno a su mano derecha, el concejal de Jardines, Ángel Rivas. Es el secretario de organización del PSOE local y está involucrado en casos de enchufismo y amaños en las adjudicaciones. Su imputación se suma a la que ya tiene por el caso Hormigón. La Patos también involucra a su exjefe de gabinete y actual concejal de Fomento, David Regades, en graves cargos, y a la edila Isaura Abelairas, igualmente por la presunta recepción de regalos.
A Louzán lo coge en plena retirada
Las urnas han retirado a tiempo a Rafael Louzán de la Diputación de Pontevedra, organismo que dirigió durante 12 años. La imputación de la operación Patos lo pilla alejado de los focos, en un discreto cargo como presidente de la Federación Galega de Fútbol al que optó sorpresivamente a finales del 2014. En aquel momento, las malas lenguas ya dijeron que se estaba buscando un retiro tranquilo para cuando llegase el momento de marcharse de la Diputación.
Su exvicepresidente, José Manuel Figueroa, también se volatizó de los focos públicos en los últimos meses. A principios de año fue descartado como candidato en favor de la entonces conselleira Elena Muñoz, aunque conservó su acta de concejal y el cargo de presidente del PP local.
Tanto Louzán como Figueroa están ahora imputados. Las escuchas telefónicas captan charlas entre constructores en Pontevedra que hablan del sheriff. La policía deduce que se refieren a Louzán por su cargo de presidente de la Diputación. Los altos cargos con mayor poder decisorio eran los que recibían regalos «especiales», según aparece en una lista incautada a Eiriña. Louzán tenía fama de ser un político de la casa y nada escapaba a sus ojos y oídos en la provincia, donde aún controla la organización del PP. El fiscal lo implica fundamentalmente en irregularidades en las adjudicaciones de campos de fútbol.
La tercera política del PP imputada es la delegada de la Xunta en Vigo, María José Bravo Bosch. Tenía fama de ser trabajadora y una ágil «conseguidora» que sacaba adelante proyectos y obras. Las escuchas revelan que, supuestamente, el cerebro de la trama se jactaba de su influencia sobre ella en los concursos.