Los derechos de imagen, una fuente inagotable de irregularidades fiscales

Uno de los últimos deportistas en admitirlo fue Javier Mascherano. El jugador del Barcelona fue condenado en enero a doce meses de cárcel y una multa de 800.000 euros por un delito fiscal. Había eludido pagar en el 2011 y el 2012 los impuestos derivados de su contrato por derechos de imagen con la compañía Nike. La maniobra es la que misma que llevó a su compañero Leo Messi a tener que abonar más de cincuenta millones de euros a la Agencia Tributaria en el 2014. Es lo que se conoce como la simulación de la cesión de estos derechos para fines publicitarios y que ha sido una fuente inagotable de expedientes por parte de Hacienda en los últimos años -el año pasado 1.782 deportistas y artistas permanecían bajo investigación-. El funcionamiento es sencillo. Los interesados ceden sus derechos de imagen a una compañía radicada en un paraíso fiscal y al mismo tiempo firman el contrato con la empresa que los quiere como reclamo y cuya sede se ubica en el extranjero, lejos de la lupa del fisco. Así el dinero fluye de una empresa a otra sin pisar suelo español y sin haber tributado ni un solo euro.

El procedimiento es el que también habría empleado, según los medios que publicaron los papeles de Panamá, el defensa argentino Heinze, que militó en el Real Madrid entre los años 2007 y 2009, y que creó en el 2005 la empresa Galena Mills Corps a la que se transferían los pagos de Puma.

Sin embargo, esta no es la única trampa que se ha hecho en el deporte en torno a los derechos de imagen. Bajo este concepto también se ha camuflado retribuciones salariales. De esta práctica se beneficiaban tanto los clubes como los jugadores y es la que, según las revelaciones de los documentos del Panamaleaks, se sospecha que utilizó la Real Sociedad en el pasado para retribuir a los futbolistas extranjeros, habitualmente los más caros de la plantilla, como Nihat, Kovacevic, Westerveld o Karpin. En este caso el mecanismo implicaba una doble cesión de derechos de imagen: primero a una empresa cuyo titular era el propio jugador y otra al club. De este modo, parte de la ficha se pagaría a esa compañía radicada en un paraíso fiscal, lo que al club le permitía acceder a futbolistas de un caché más elevado que no podría pagar si le tuviese que sumar las retenciones e impuestos vinculados, y el jugador recibiría una cantidad ligeramente más elevada de la que iba a percibir en un principio.

Tan extendida estaba esta práctica que Hacienda ha consentido que hasta el 15% del total de lo que un jugador ingresa de su club se pueda hacer por medio de esta fórmula. El 85% restante tiene que tributar con el IRPF correspondiente.

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