En Galicia hay cuatro mil menores en riesgo que están protegidos por la Xunta

El caso del niño de 5 años al que dejaron varias horas solo en un piso de Ourense el pasado fin de semana es uno de los casi 4.000 expedientes de protección que permanecen abiertos en Galicia y que se coordinan desde la Consellería de Política Social. Esos expedientes tienen nombres y apellidos. Son de menores que están atravesando una situación de riesgo por mala convivencia familiar, por una deficiente atención de sus padres en cuestiones de higiene, de alimentación, de educación... O porque sus padres o tutores se niegan a darle un determinado tratamiento médico. La casuística es variada, pero siempre lo primero es la protección del menor, y el objetivo, que pueda regresar con su familia. La directora xeral de Familia e Infancia, Amparo González, explica que cuando se abre un expediente de protección se elabora un plan de actuación con ese menor. «Y hay casos que se van cerrando a medida que va mejorando su situación», asegura la responsable de Familia de la Xunta.

Amparo González tiene claro que el objetivo es siempre que el menor pueda regresar con su familia de origen. «Pero la realidad es que muchas veces es difícil -explica-, y por eso tenemos que buscar una medida de protección más continua en el tiempo. Hay situaciones muy dramáticas, pero incluso cuando los padres se portan mal con sus hijos, los niños siempre quieren volver con ellos, estar con su papá y su mamá».

El sistema de protección autonómico se pone en marcha cuando se tiene conocimiento de una situación de riesgo. La alerta puede llegar desde un centro educativo o sanitario, desde los servicios sociales, desde el juzgado, de la policía o desde el teléfono del menor, el 116 111, con el que una simple llamada moviliza a un equipo técnico para dar respuesta a la necesidad del menor.

Si la situación de riesgo se mantiene en el tiempo o se agrava, los equipos técnicos de la Dirección Xeral de Familia valoran la procedencia de declarar una situación de desamparo. Ese es un paso más en el riesgo del menor y la intervención oficial es también mayor. «Hablamos de abandono del menor, de maltrato, de negligencia grave en el cuidado del niño», relata González. Desde ese momento se separa al menor del foco de riesgo, se plantea un plan de actuación y se comunican los hechos al fiscal. En esos casos graves de desamparo la Xunta asume la tutela de los menores, situación en la que están dos mil de los cuatro mil menores con expedientes de protección en curso en Galicia. ¿Y cuánto dura esa tutela? «El tiempo que haga falta, porque -asegura la directora xeral- retirar a un menor de su familia es el último recurso».

«A veces viven situaciones tan difíciles que a ellos les llegan a parecer normales»

«Hay menores que a veces viven situaciones tan difíciles a diario que para ellos llegan a ser normales. Pero para eso está el sistema de protección, para evitar que un menor sufra», explica Amparo González, quien señala que con cada situación de riesgo se abre un expediente en el que se hace un estudio valorando los informes de todos los centros que han seguido al menor. Y es a partir de entonces cuando se diseña un proyecto de intervención social, educativo y familiar, se establecen los objetivos y los recursos que la Administración dedicará al tratamiento de cada caso.

También se elabora una previsión de plazos y el seguimiento que se realizará de la evolución del menor. El primer objetivo es que la atención que se le dedica al menor en riesgo por parte de los servicios de la Xunta pueda realizarse de forma que el menor pueda seguir viviendo con su familia. Para eso se utilizan alternativas como los centros de día en los que se le apoya en su formación educativa y personal.

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