La Xunta se personará como acusación por el fraude de subvenciones en Gradiant
GALICIA
La policía enfoca la investigación hacia 108 proyectos subcontratados a la fundación
11 ago 2017 . Actualizado a las 05:00 h.La Xunta anunció ayer que va a personarse como acusación particular en el caso Gradiant al considerar que la Administración gallega ha salido perjudicada en el supuesto fraude en subvenciones de fondos europeos y presuntas facturas falsas cruzadas entre la fundación Gradiant y empresas de varios miembros de su patronato. Además de dos empresarios investigados, hay un excargo político de la Xunta bajo sospecha. Se trata del exdirector xeral de Innovación, Manuel Varela, que ocupaba un alto puesto en el patronato de Gradiant. Le correspondía por razones de su cargo como representante de la Xunta.
Según la denuncia, el entonces director de Gradiant, David Vázquez, avisó a Varela y a otros miembros del patronato de que se negaba a pagar unas facturas que parecían falsas y sospechaba que había un posible desvío de subvenciones y el uso fraudulento de los fondos de las ayudas. Sospechaba que alguien había convertido a Gradiant en una máquina de fabricar proyectos de cartón piedra con el único fin de captar dinero público.
Según Vázquez, Varela y otros miembros del patronato restaron importancia a sus advertencias o le dijeron que eran prácticas del pasado, y fue despedido a los pocos días por falta disciplinaria. Fue a juicio y alegó que lo habían echado para evitar la auditoría detallada de las cuentas, analizar el destino de las ayudas, la efectiva ejecución de los proyectos subvencionados y el cumplimiento de los fines para los que fue constituida la fundación. A los pocos meses, Gradiant y la Xunta pidieron sendas auditorías sin que nadie hallase nada raro.
Fuentes de la Consellería de Economía indicaron ayer que la Xunta está colaborando en todo momento con la Justicia porque «o seu único obxectivo é que se esclarezan o antes posible os feitos polos cales se abriu esta investigación a Gradiant». La consellería recalca que fue la propia Xunta la que inició una investigación en el 2015. Asegura que presentó los expedientes a la Fiscalía, que en aquel momento decidió archivar el caso. Tras conocerse la existencia de esta nueva investigación, la Xunta actuó con la «maior dilixencia posible». Esto desencadenó que la Administración gallega renunciase a los cargos en el patronato de Gradiant. Entró entonces el antiguo rector de Vigo y actual presidente de la fundación, Domingo Docampo. Será ahora cuando la Xunta se persone como acusación en el caso como parte perjudicada. Hay que tener en cuenta que parte de los fondos de la UE los repartía la Xunta como inversión y ayuda en I+D+i a proyectos empresariales innovadores en los que colaboraba Gradiant.
La policía registró el pasado enero los servidores de la fundación, sitos en una consultoría de Vigo, y se llevó los discos duros para examinar las horas de trabajo de sus ingenieros. El interés para la investigación se centra en los proyectos de subcontratación, en los que Gradiant era subcontratado por un cliente que recibía una subvención para ejecutar una parte del proyecto. La UDEV halló 108 proyectos de este tipo.
Miembros del patronato en los dos proyectos cuestionados, Centinel y Xixic
La denuncia se centró en dos proyectos en los que participaban dos de los patronos de Gradiant ahora investigados, Jorge Cebreiros (InfoJC) y José Luis Fernández (Televés). Ambos empresarios recibían subvenciones en los proyectos Centinel y Xixic-Inf.
Xixic-Inf buscaba crear un sistema inteligente de gestión integral de crónicos y era financiado por el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) con una subvención de 42.000 euros para InfoJC y otra de 64.000 para Televés.
El proyecto Centinel también fue financiado por el CDTI y Televés percibió 39.555 euros en ayudas e InfoJC otros 32.000. La idea era crear un control de la edificación para generar servicios de valor.
Según la denuncia, estos proyectos arreglaban facturas falsas para justificar las subvenciones. Los trabajos facturados no eran reales y lo que se pretendía era que la empresa cobrase el dinero.