La mujer que el fiscal ve como víctima de acoso inmobiliario por dos cargos de la Xunta ya tiene ascensor
01 dic 2018 . Actualizado a las 15:47 h.Diez meses y un día después, con una querella por medio de la Fiscalía contra dos cargos de la Xunta cuyo proceder con una mujer de 90 años ve como un delito de coacciones inmobiliarias, Lucila Vázquez Campos pudo llegar en ascensor hasta su casa. Y estaba feliz de regresar al que desde 1963 ha sido su hogar.
Ha sido como una condena en dos fases. La primera, desde el 29 de enero hasta finales de julio, la castigaba a subir (y bajar) andando desde el cuarto piso del edificio, propiedad de la Xunta, donde reside. La segunda, desde agosto hasta ayer. Tras una caída, condenada a ayudarse con muletas, vivió los cuatro meses en un hotel. El casero, es decir, la Administración autonómica, repuso el servicio de ascensor el miércoles de esta semana. La inquilina del cuarto se dio un par de días de margen para recoger con calma sus cosas y, de paso, comprobar que el arreglo era efectivo y no se trataba de un parche. A las cuatro y media de la tarde regresó acompañada de la persona que la iba a ayudar a poner orden en la vivienda. No consintió que nadie la limpiara sin estar ella delante, un gesto que reafirma su lucidez y su voluntad.
La vivienda es la misma que dejó hace cuatro meses, pero el panorama es bien diferente. El 28 de septiembre dio un vuelco la situación con una querella del fiscal contra dos cargos de la Xunta: la secretaria xeral técnica y el subdirector de Patrimonio de la Consellería de Facenda, que semanas antes habían declarado en la Fiscalía. Al igual que el conselleiro Valeriano Martínez, de quien «no consta, por ahora» que hubiera «conocido directamente o amparado de hecho, o tácitamente, las actuaciones intimidatorias». Cobró nuevo impulso la necesidad de reparar el ascensor, un servicio común cuya falta era una elemento más de la «lamentable e insalubre» situación del edificio.
Lucila Vázquez espera haber dejado atrás, en palabras suyas, «el martirio» que le suponía subir y bajar mientras pudo, como después la ausencia en el hotel. Ahora no solo podrá subir a casa y bajar a la calle cuantas veces lo desee, aunque más despacio y con dos muletas, sino que la próxima vez que la citen para acudir al juzgado donde se instruye la causa por coacciones inmobiliarias el camino lo hará desde su casa. Acudió el miércoles de esta semana, cuando aún no sabía que le iban a conectar el ascensor, pero no tuvo ocasión de explicarse. Se aplazó la comparecencia. La próxima semana declaran Socorro Marín y Jacobo Moure. «Lo que me han hecho no tiene nombre. Es de tan mal gusto...», dice sin perder la esperanza de que «alguien me diga a la cara y me explique por qué hicieron lo que hicieron».
