La Xunta rechaza eliminar sus peajes para no mermar educación y sanidad

Las áreas de A Coruña y Vigo exigen su gratuidad, como en las demás vías autonómicas

Las dos autopistas de titularidad autonómica tienen fijada la eliminación de los peajes para el 2045, tras 50 años de concesión.
Las dos autopistas de titularidad autonómica tienen fijada la eliminación de los peajes para el 2045, tras 50 años de concesión.

vigo / la voz

Las dos autopistas autonómicas de Galicia (A Coruña-Carballo y Vigo-Baiona) seguirán siendo de pago, en principio, hasta el año 2045, cuando terminan sus concesiones. La Xunta, titular de ambas infraestructuras, descarta por completo eliminar los peajes de las dos autopistas, como han solicitado diversos alcaldes de las dos áreas metropolitanas y traslado el PSdeG a través del Parlamento al Gobierno autonómico. Entienden regidores y parlamentarios socialistas que los peajes de las dos autopistas discriminan a los vecinos de los municipios que las recorren frente a los de las siete autovías cuyas cuotas abona íntegramente a sus concesionarias la Xunta con el denominado peaje en sombra.

Frente a dichas reclamaciones la Consellería de Infraestruturas rechaza por motivos presupuestarios proceder al rescate de las dos concesiones. En respuesta al planteamiento del Grupo Parlamentario Socialista, el departamento que dirige Ethel Vázquez manifiesta que «o rescate a cargo dos Orzamentos da Xunta suporía desviar recursos destinados á cobertura de necesidades da comunidade autónoma».

Específicamente, Infraestruturas e Mobilidade advierte que levantar los peajes de la AG-55 y AG-57, con la consecuente indemnización a Autoestradas de Galicia (empresa del grupo Itínere, como lo es también Audasa), llevaría a recortar partidas «en materias básicas e prioritarias, tales como sanidade, educación ou servizos sociais», explica.

El 20 % del importe de la construcción de los 57,6 kilómetros de las dos autopistas, así como el coste de las expropiaciones necesarias corrieron a cuenta de la Administración gallega, lo que hace posible que el importe de sus peajes esté entre los tres más baratos de España. Pese a esa menor aportación que tuvo que hacer la concesionaria, la amortización de las inversiones realizadas por Autoestradas alcanzaba, en el último ejercicio estudiado por Fomento, solo el 17,8 % de la inversión total.

En su respuesta al PSdeG, la Consellería de Infraestruturas hace hincapié en que ha decidido aplicar una rebaja del 50 % en las tarifas de las dos autopistas durante la madrugada (desde las 12 de la noche a las seis de la mañana) para tratar de conseguir una utilización escalada de dichas infraestructuras, maximizar su utilización en horas de menos tráfico, y posibilitar el acceso a precios más bajos, especialmente para el sector del transporte.

Aunque no está todavía definida la fecha de la puesta en marcha de dicha bonificación, fuentes de la consellería avanzaron ayer que el objetivo es hacerla efectiva hacia mediados de año. La Xunta anunció dicha rebaja al mismo tiempo que exigía de Fomento un plan para minimizar las subidas en las tarifas que en el último año ha experimentado la AP-9. La Administración gallega trató así de adelantarse a cualquier reproche de que no aplica sus exigencias en las autopistas de su titularidad.

La conselleira Ethel Vázquez mantiene que «Galicia sufre unha situación de agravio comparativo con respecto ao conxunto do Estado en relación coas autoestradas de peaxe», al no poder contar con las rebajas que Fomento ha aplicado a las nueve autopistas quebradas, su gratuidad durante la noche, o las bonificaciones que la mayoría de las concesionarias ofrecen a sus usuarios frecuentes en función del número de viajes realizados al mes.

La Xunta está ultimando una propuesta al ministerio para rebajar el impacto de las últimas seis subidas de precios que la AP-9 ha registrado en un año, adoptando bonificaciones por uso recurrente, que entiende el Gobierno autonómico podría rebajar especialmente el gasto que los transportistas se ven obligados a afrontar en el vial que explota Audasa. Y que les ha llevado plantearse llevar a cabo una movilización generalizada del sector en Galicia.

Por escrito. La Xunta advierte al Parlamento que si se eliminan peajes se resentirán otros servicios básicos

El Congreso aún no ha empezado a estudiar cómo se puede mantener la red viaria

El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, arrancó su mandato afirmando que las concesionarias de autopistas tienen «altísimos beneficios y eso hay que revisarlo». A dicha valoración le sucedió su anuncio de que el Congreso de los Diputados iba a estudiar, a petición del PSOE, los posibles modelos a adoptar para tener financiación suficiente con la mantener la red viaria estatal, tanto de autopistas como autovías y el resto de las carreteras.

El 17 de septiembre, el diputado socialista Rafael Simancas registró en la Cámara la petición de constituir una subcomisión para el estudio de la sostenibilidad de la red de carreteras del Estado. Y aunque la Mesa del Congreso le ha dado el visto bueno a la petición, la comisión parlamentaria de Fomento no ha tratado aún su creación.

El frenazo que la iniciativa de Fomento ha encontrado en las Cortes coincide con el anuncio que el ministerio ha hecho al Comité Nacional del Transporte de que descarta por completo adoptar en lo que resta de legislatura decisión alguna sobre el pago por el uso de la red viaria. Fomento había manifestado su intención de cerrar el debate en la presente legislatura pero, una vez que se constituya la mencionada subcomisión, los diputados tendrán medio año para analizar los posibles modelos de financiación a adoptar para garantizar la conservación de la red; analizar los sistemas que han aplicado otros países, y proponer al Congreso las alternativas a aplicar en la red de carreteras de España.

Propuesta empresarial

El sector de las grandes constructoras y concesionarias de infraestructuras viarias, agrupado en la patronal Seopan, fue el primero que lanzó la idea de cobrar peaje en las carreteras de gran capacidad, como las autovías y corredores, mediante una tasa cuya recaudación sería destinada al mantenimiento y conservación de la red viaria. Para un horizonte de 25 años, la patronal de las constructoras estima que las autopistas y autovías del país podrían contar con un peaje de entre 1 y 3 céntimos por kilómetro para los vehículos ligeros y de entre 5 y 14 para los pesados (de media en la AP-9 es ahora de 0,1088 euros). La imposición de una tasa en las autovías permitiría bajar el precio en las autopistas a sus usuarios, ingresando las concesionarias la diferencia a través de una bolsa común creada con la recaudación de los peajes de toda España.

Fomento descarta aplicar la euroviñeta a los camiones, como hacen cinco países de la UE

El pulso que el sector del transporte escenificó en diciembre ante el Gobierno central, anunciando movilizaciones para mediados de enero si no se negociaban sus reivindicaciones, ha llevado al Ministerio de Fomento a concretar su horizonte en materia viaria para tranquilizar a los empresarios. En las negociaciones semanales que mantiene el Comité Nacional de Transporte por Carretera con el ministerio, el departamento que dirige José Luis Ábalos ha manifestado ya su compromiso de no aplicar la llamada euroviñeta en lo que resta de legislatura. La tasa defendida por la UE para grabar la contaminación de los camiones ya funciona en Dinamarca, Luxemburgo, Holanda, Suecia y en tres regiones de Bélgica. Francia llegó a anunciar su implantación, pero renunció a ello ante las protestas del sector del transporte. Las tarifas de la euroviñeta oscilan, en función de las emisiones del camión, entre 125 y 155 euros al mes, y es obligatoria para circular tanto por autopistas como por carreteras convencionales.

Otros países, como Alemania, han implantado su propia tasa para camiones, mientras que Suiza, Austria, Rumanía, Bulgaria, Eslovenia, República Checa, Hungría, República Eslovaca y Montenegro exigen el pago de la viñeta a todos los vehículos, a modo de tarifa plana sin que haya que abonar peajes a mayores.

El compromiso de Fomento se anuncia después de que el Gobierno de Pedro Sánchez llegase a aludir a la utilización de la euroviñeta en los documentos que a principios de mandato realizó su equipo para el borrador del anteproyecto de ley para paliar el cambio climático.

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