Feijoo reclama autorización a Hacienda para invertir el superávit gallego en la sanidad

Remite una carta a la ministra Montero para movilizar en Galicia 300 millones de euros a mayores del presupuesto aprobado

La ministra Montero y Feijoo en una foto de archivo
La ministra Montero y Feijoo en una foto de archivo

Santiago / La Voz

La Xunta de Galicia cerró el ejercicio del 2018 cumpliendo con la regla de gasto y obteniendo un superávit que asciende a unos 125 millones de euros, cifra que es similar al presupuesto del que dispone para todo el año la Consellería de Cultura e Turismo. Son unos recursos que las administraciones deben destinar a reducir los niveles de endeudamiento, porque así lo impone la legislación estatal en materia de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, salvo que el Ministerio de Hacienda conceda un permiso especial para reorientar los fondos a otra finalidad. Y eso es lo que pretende hacer el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijoo, que remitió una carta a la ministra María Jesús Montero en la que pide autorización para destinar el superávit gallego a gasto social y, de manera muy especial, a la atención sanitaria.

Feijoo aludió al contenido de esta carta, con fecha del 27 de febrero, durante la sesión de control celebrada ayer miércoles en el Parlamento, donde intentó recabar el apoyo del portavoz de los socialistas, Xoaquín Fernández Leiceaga, a una demanda que no solo consiste en pedir que a Galicia se le permita invertir en gasto social los 125 millones de euros de superávit, sino que en dicha misiva también reclama al Estado la transferencia de otros 175 millones en concepto de «incentivo» previsto en los Presupuestos Generales del Estado del 2018 para compensar a las comunidades que han cumplido con los objetivos definidos en la estabilidad presupuestaria.

El importe de dicho incentivo deriva, en realidad, de la merma que sufrieron las autonomías por tener que reembolsar al Estado parte de los anticipos ya cobrados al inicio de la crisis, en los años 2008 y 2009, debido a que el Gobierno central estimó al alza la previsión de recaudación y de ingresos. La cuota de reembolso de Galicia fue de 85 millones al año, lo que suma 170 para las dos anualidades.

El propio Feijoo ya había incluido esta reivindicación en la agenda de asuntos que llevó al encuentro que mantuvo el pasado mes de julio en la Moncloa con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y también a la reunión bilateral celebrada con la ministra María Jesús Montero. El mandatario autonómico reitera ahora la petición por escrito, remarcando en la carta que el Gobierno gallego tiene la «intención y voluntad» de destinar dichos recursos a atender muchas de las necesidades que tiene la comunidad gallega, «en especial en materia sanitaria, educativa y de servicios sociales».

En línea con Caballero

Una vez que la Consellería de Facenda tuvo conocimiento de la cuantía exacta del superávit, la Xunta activó la demanda dirigida al Estado con el fin de poder disponer de estos recursos extraordinarios. Se trata de una reclamación que también está en línea con la que planteó hace más de un año el presidente de la FEMP, Abel Caballero, para que los ayuntamientos pudieran utilizar el remanente en sus cuentas sin autorización previa de Hacienda, algo que aprobó el Gobierno de Rajoy poco antes de ser desalojado con la moción de censura.

Como se autorizó asimismo una petición en este sentido cursada por el Gobierno de Canarias, a la que, no obstante, al final acabó renunciando por los condicionantes puestos por Hacienda.

Esfuerzo reconocido

«Somos conscientes de que el proceso de consolidación fiscal en España implicó un esfuerzo solidario», señala Feijoo en la carta. Pero subraya que el buen desempeño fiscal «debe ser estimulado, reconocido y tutelado». Es decir, que Galicia ha de obtener su compensación por cumplir.

La demanda planteada desde el Ejecutivo gallego está dirigida a disponer de unos 300 millones de euros a mayores del previsto en los presupuestos para el 2019 y se produce en paralelo a la reordenación que se está haciendo en el ámbito de la atención primaria, donde se pretende invertir 17,3 millones de euros a mayores en un plan dirigido a afrontar las necesidades más urgentes en materia de infraestructuras y equipos informáticos de la red de centros de salud.

El PP sepulta con sus votos los 30 traspasos pedidos por el PSdeG

La petición impulsada desde la Xunta para que el Ministerio de Hacienda le permita destinar a gasto social el superávit generado en el 2018 fue dada a conocer por Feijoo durante el cara a cara que mantuvo con el portavoz del PSdeG-PSOE, Fernández Leiceaga, y que puso los focos en el desarrollo del autogobierno gallego. El debate se llevó a cabo en dos tiempos, y acabó con el grupo del PP utilizando su holgada mayoría para sepultar el intento de los socialistas de reactivar la reclamación de 30 nuevas transferencias al Gobierno central.

Leiceaga aprovechó su intervención en la sesión de control parlamentaria para tantear al presidente de la Xunta con la agenda de los nuevos traspasos. «Nós estamos dispostos a apoiar todas as propostas que beneficien a Galicia, non teña ningún problema por ese lado, pero queremos ver se vostede tamén o está», planteó el portavoz del PSdeG, que solo logró obtener de Feijoo un compromiso nítido para mantener la reivindicación del traspaso de la titularidad de la AP-9.

En reciprocidad, el mandatario autonómico pidió el apoyo de los socialistas para poder asumir el control de esta autopista, algo que depende básicamente de la voluntad del Gobierno del PSOE o del que se pueda conformar tras las elecciones generales. Ahora bien, insistió Feijoo en que desde Galicia se asumiría el mando sobre dicha infraestructura si Fomento se queda con el coste derivado del convenio que permite a la concesionaria de la AP-9 repercutir mediante peajes a los usuarios los 1.400 millones de euros que costó la ampliación y si se aplican bonificaciones como el descuento del 25 % de la tarifa para los conductores que realicen la ida y la vuelta en el mismo día.

A partir de ahí, el debate derivó en un cruce de reproches, pues Feijoo afeó que el PSOE y el BNG votaran en el 2007 en contra de reclamar el traspaso de la titularidad de la autopista, algo que ahora apoyan, mientras que Leiceaga dijo que el principal problema de la AP-9 lo provocó el PP, cuando con Aznar de presidente y Feijoo al frente de la Consellería de Política Territorial se prorrogó la concesión hasta el año 2049.

Las transferencias del 2005

El segundo tiempo de este debate tuvo lugar ya por tarde, con Leiceaga nuevamente de protagonista, por parte del PSdeG, pero con Miguel Tellado asumiendo la representación del PP. El primero defendió ante el pleno una iniciativa consistente en demandar ante la Administración del Estado el traspaso de 30 competencias que ya estaban incluidas en el documento aprobado en el 2005 por el Gobierno bipartito de PSdeG y BNG, entre las que figuran el tráfico o la inspección del trabajo.

Tanto En Marea como el BNG respaldaron la iniciativa socialista, denunciando además las tentaciones recentralizadoras del PP. «Calquera día entréganlle as chaves a Génova 13 e vanse de balneario», bromeó Antón Sánchez sobre el futuro de la Xunta.

Tellado, en cambio, se declaró «razonablemente satisfeito» con el autogobierno gallego y aunque admitió que puede avanzar, tumbó la agenda del PSdeG al tildarla de «hipocrisía pura e dura».

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