Hacienda admite que no explora vías para pagar la deuda del IVA a Galicia

La Xunta exige los 200 millones antes de que acabe el año, y el ministerio se remite a que haya Ejecutivo y cuentas


santiago / la voz

Feijoo se va a llevar la primera en la frente si, tal como aseguró esta semana, lo primero que hace cuando Pedro Sánchez inicie la ronda de contactos con los presidentes autonómicos es exigirle el pago de la deuda de los 200 millones de euros que Hacienda le debe a la Xunta. El Gobierno en funciones no está valorando en estos momentos ninguna fórmula para abonar esa cantidad, que se corresponde con una mensualidad del IVA que quedó pendiente de transferir cuando, todavía con Cristóbal Montoro al frente del departamento, se implantó un cambio en el sistema de pagos que dejó en el aire el traspaso de los fondos recaudados en diciembre del 2017.

Fuentes del ministerio fían cualquier solución a que haya una investidura, que se forme un Ejecutivo liderado por los socialistas y que estos sean capaces de sacar adelante unos presupuestos. De hecho, insisten en que el abono ya se habría ejecutado de haber prosperado las cuentas elaboradas en febrero, la piedra en el camino que propició la primera convocatoria electoral. Pero incluso en el caso de que todo salga rodado para los intereses de Pedro Sánchez habría que buscar un nuevo encaje técnico para un pago que la Xunta necesita para poder cuadrar sus cuentas del 2019, porque contaba con ese dinero en sus presupuestos. Facenda los incluyó porque dio por bueno el compromiso verbal de la ministra María Jesús Montero con Feijoo de que se podrían todos los medios para liberar los fondos. Desde Madrid se interpretó siempre que el presidente gallego estaba utilizando el argumento de los 200 millones para hacer presión política, pero el relato comenzó a cambiar cuando dirigentes autonómicos socialistas empezaron a llamar al ministerio para reclamar el dinero, incluso con más urgencias que Galicia ante la posibilidad de que ese agujero termine haciendo un roto mucho más serio en el equilibrio financiero de sus arcas.

La reivindicación gallega del IVA de diciembre del 2017 siempre se presentó en un paquete más amplio que incluía 330 millones de las entregas a cuenta que ya se han empezado a pagar -Facenda asegura que a tres semanas de que acabe el año todavía no se cubrió el montante total- y un extra añadido de 170 millones comprometidos por el Gobierno con las comunidades cumplidoras, una cifra que no despierta tanta alarma porque nunca se trasladó a las cuentas de la Xunta. Tampoco en el 2020.

Otras comunidades en alerta

Pero hay más comunidades pendientes, como es el caso de Cataluña, a la espera de 443 millones, o Madrid, que recaudó en aquel mes 337. Ambas han optado por judicializar la reclamación, un extremo que el Gobierno gallego no ha descartado pero que tampoco ha querido activar. Al contrario, el departamento de Facenda se ha preocupado por presentarle alternativas al ministerio para poder liberar los fondos, que pasan por un endeudamiento transitorio del Estado hasta que pueda traspasar un dinero que está en sus cuentas. Pero hay más acreedores. Andalucía recaudó 400 millones; Castilla y León, 142; y la Comunidad Valenciana, con una situación muy delicada, 237. La Airef (Autoridad independiente de responsabilidad fiscal) ha puesto la luz roja en estas dos últimas comunidades y en Aragón, Extremadura y Murcia, que tienen difícil alcanzar la estabilidad presupuestaria este año por los desajustes del IVA.

El Gobierno, que retiene los fondos, mejoró el pago a proveedores, y la Xunta lo empeoró

«Os galegos pagaron o IVE en decembro do 2017 en cada produto que compraron, así que lles corresponden eses cartos », suele decir el presidente de la Xunta para ejemplificar la injusticia a la que está sometiendo Hacienda a las comunidades autónomas. Esta deuda se sumó al retraso de medio año en el pago de las entregas a cuenta y una circunstancia relativamente excepcional como es el ciclo electoral autonómico, que no afectó a Galicia pero sí alteró la vida administrativa en casi toda España. Todas estas circunstancias provocaron que se resintiese uno de los parámetros que el ministerio mide mensualmente para fiscalizar a todas las administraciones y que tiene que ver con el pago a los proveedores.

?El límite legal que impuso el ministro popular Cristóbal Montoro es el pago a 30 días, límite en el que con bastante esfuerzo fueron entrando la mayoría de las instituciones locales y autonómicas. Galicia lleva varios ejercicios en el club de los buenos pagadores, y de hecho presentó un plan interno para tratar de abonar todas sus facturas en menos de diez días, tiempo que cumplió durante unos meses. Pero este año todo se ha torcido. Cada mes ha ido a peor hasta situarse en una media de 18 jornadas al acabar el tercer trimestre del 2019, dentro de plazo establecido pero lejos de sus objetivos internos. Lo más doloroso es que la Administración del Estado empezó el año fuera de juego, superando los 40 días de espera, y lo va a acabar en 25, al tiempo que retiene unos jugosos fondos que le están permitiendo maquillar sus cuentas ante los controles de Bruselas.

La Xunta empeora el pago a proveedores y se endeuda al carecer de 700 millones

rubén santamarta

Ha tenido que tirar de 330 millones en nuevas pólizas ante el bloqueo de Hacienda

El bloqueo de los traspasos de fondos de Hacienda a las comunidades ya es visible en dos parámetros: el pago a proveedores y la deuda de las administraciones autonómicas. El último informe del propio ministerio constata que 9 de los 17 territorios abonan sus facturas más allá de los 30 días que marca la ley. La media estaba al cierre de julio cerca de los 40 días, frente a los 33 de inicios de año.

A la vez el endeudamiento conjunto se ha elevado por encima de los 300.000 millones de euros, una cifra inédita hasta ahora, coincidiendo con ese bloqueo de fondos de cerca de 7.000 millones a las comunidades. Casualmente, entre enero y junio los gobiernos regionales han engordado su pasivo precisamente en esa cantidad, de 293.000 a esos más de 300.000.

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