Para poder pedir la revisión de la prisión permanente deberá tener el tercer grado, beneficio difícil de lograr en su caso
19 dic 2019 . Actualizado a las 05:00 h.El padre de Diana Quer tiene bastante razón cuando dice que el Chicle no volverá a ser un peligro para otras jóvenes. Al menos, no lo será durante muchísimo tiempo, ya que la pena de prisión permanente a la que ha sido condenado por la Audiencia Provincial de A Coruña tiene una duración mínima de 25 años, con lo que José Enrique Abuín Gey no habrá cumplido la condena hasta el 2043, cuando tenga 66 años de edad. El tiempo empezó a contar el 30 de diciembre del 2017, cuando fue detenido por la Guardia Civil y, por tanto, le quedan más de nueve mil días entre rejas antes de que su condena pueda ser revisada. ¿Pero podrá salir a la calle antes de ese plazo?
La realidad es que sí, aunque el Chicle, según las fuentes consultadas, lo tendrá bastante difícil. Para eso tendría que acceder al tercer grado, que solo puede solicitar cuando cumpla al menos 15 años efectivos de prisión. Según las normas penitenciarias, ese grado solo se puede aplicar a los internos que estén capacitados para llevar a cabo un régimen de vida en semilibertad en un centro de reinserción social, y se tendrá en cuenta que su conducta en prisión haya sido positiva, que muestre arrepentimiento y que haya participado en programas de reinserción.
El Código Penal señala que la clasificación del condenado en tercer grado deberá ser autorizada por el tribunal sentenciador previo pronóstico individualizado y favorable de reinserción social elaborado por los especialistas del centro penitenciario. Si le concediesen el tercer grado, el resto de los años de condena los cumpliría en semilibertad, en un centro social de lunes a jueves y con los fines de semana libres.
Por eso es tan difícil la concesión del tercer grado en las circunstancias del Chicle, que si no consigue ese régimen tampoco podrá pedir la suspensión de la pena a los 25 años de cárcel. El tercer grado «es un beneficio que no se regala, se mira mucho», advierte Alejandro Morán Llordén, magistrado de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de A Coruña. Para obtenerlo, además del informe favorable de la junta de tratamiento de la prisión, se necesita el dictamen favorable del fiscal y la autorización del juez de vigilancia penitenciaria.
«Panorama sombrío»
El del Chicle «es un panorama penitenciario muy sombrío», cree Morán Llordén, que recuerda las dificultades que tendrá para acceder al tercer grado. Y sin esa clasificación penitenciaria no hay suspensión de la pena. Además, para acceder a ese beneficio lo normal es que el recluso haya disfrutado previamente de permisos ocasionales y que estos hubiesen sido superados positivamente, con buen aprovechamiento y cumpliendo las limitaciones que le hubiesen sido impuestas, según las fuentes penitenciarias consultadas.
El Chicle es el tercer gallego condenado a prisión permanente revisable, la pena más grave del sistema español. Antes que él, la Justicia impuso esa condena a David Oubel por matar a sus dos hijas pequeñas en el 2015 en Moraña y a Marcos Mirás, por asesinar a su hijo de 11 años en un monte de Oza. Ninguno está ingresado en cárceles gallegas actualmente. Además de estos tres gallegos, hay otros diez condenados en España a la pena de prisión permanente revisable. Solo hay una mujer, Ana Julia Quezada, que mató al pequeño Gabriel en un pueblo de Almería.
Unas sentencias novedosas de las que no hay experiencia sobre su aplicación
La prisión permanente revisable está vigente en España desde el año 2015. El primer condenado fue el vecino de Moraña que asesinó con una sierra radial a sus dos hijas pequeñas. Y como la pena es de 25 años de prisión, aún no hay experiencia sobre la aplicación de la revisión de la condena al cumplirse el tiempo de prisión. El mecanismo de revisión es, precisamente, uno de los problemas que observa el magistrado Morán Llordén en el sistema de aplicación de la pena.
Explica que puede ocurrir que el condenado no acceda al tercer grado, con lo que tampoco puede solicitar la suspensión de la pena, que es el principal requisito. «Y si nadie logra la revisión, estaremos entonces ante una prisión indefinida, y eso supondría un problema desde el punto de vista de la constitucionalidad de esta medida», aclara el magistrado.
De todas formas, la ley prevé que cuando se cumplan los 25 años y no se conceda la suspensión de la pena, la sentencia pueda ser revisada al menos cada dos años o cada año si así lo acuerda el tribunal sentenciador.
«Va a ser una generación distinta de jueces la que tenga que revisar esas condenas», dice Morán Llordén, y para dentro de 25 años pueden haber cambiado las leyes.
El Chicle aún tiene dos oportunidades más para evitar la pena de prisión permanente revisable. Una, con un recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, y otra, ante el Tribunal Supremo, con un recurso de casación.
