Un juzgado de Zamora da los primeros pasos para investigar si hay responsabilidades penales en el accidente del Alvia
GALICIA
Los investigadores estiman ahora que el impacto pudo producirse a 78 kilómetros por hora
10 jun 2020 . Actualizado a las 05:00 h.El Juzgado de Instrucción número 1 de Zamora, que estaba de guardia el martes de la semana pasada, cuando un Alvia impactó con un Land Rover que había caído a las vías desde un paso elevado, ha dado los primeros pasos para investigar si existen responsabilidades penales en este suceso, en el que murió el maquinista coruñés Álex Pedreira y resultó herido grave Francisco Picazo. El maquinista instructor ya salió de la uci, está en planta desde ayer, pero aún no ha podido ser operado de las vértebras debido al importante trauma torácico que presentaba.
Estas primeras diligencias judiciales tienen que ver con el aspecto técnico del accidente y los primeros informes periciales para determinar la causa del descarrilamiento y ver si confluye alguna responsabilidad penal. Parece que deberán ser buscadas en el ámbito ferroviario, pues el conductor del Land Rover, de 89 años, murió cuando se precipitó desde el puente elevado. El juez encargado de la investigación ya ha visitado la zona y ha encargado informes técnicos del siniestro sobre los que basará sus próximas decisiones en este asunto.
En la investigación se personará la Fiscalía de Zamora, que aún no ha recibido copia del atestado del siniestro. La Guardia Civil de Zamora debe remitirlo al juzgado, que a su vez dará traslado de las diligencias al Ministerio Público. Renfe también ha encargado dos informes para determinar las circunstancias en las que se produjo el accidente ferroviario, que previsiblemente también serán incorporadas a la causa.
Análisis de la caja negra
Mientras, un primer análisis de los datos de la caja negra modifica la teoría inicial de que el convoy circulaba a 117 kilómetros por hora. Tras la aplicación del freno de emergencia, parece que la velocidad se redujo a 78 kilómetros por hora, según una primera estimación de los datos contenidos en la caja negra o registrador jurídico, en la que han participado técnicos de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), el órgano que desarrollará una investigación técnica paralela a la judicial.
