La nueva ley de universidades: derecho al paro académico, menos profesores temporales y un solo mandato para el rector

La Voz REDACCIÓN / SANTIAGO

GALICIA

Joan Subirats, en marzo de este año, tras la reunión que mantuvo en Santiago con los tres rectores gallegos
Joan Subirats, en marzo de este año, tras la reunión que mantuvo en Santiago con los tres rectores gallegos PACO RODRÍGUEZ

El ministro Joan Subirats confía en llevar el anteproyecto de la LOSU al Consejo de Ministros en las próximas semanas

09 may 2022 . Actualizado a las 20:13 h.

Tras numerosos borradores, la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) cuenta ya con un anteproyecto que el actual ministro, Joan Subirats, pretende llevar al Consejo de Ministros en las próximas semanas. Subirats heredó este proyecto de su predecesor, Manuel Castells, que renunció al cargo de ministro en diciembre del 2021 por motivos de salud. 

Desde entonces el actual responsable de la política universitaria inició una ronda de visitas a universidades y consejeros de educación de distintas comunidades, una decisión que recibió al aplauso de rectores y consejeros. 

Joan Subirats presentó en rueda de prensa los principales cambios de esta norma, con la que el ministro quiere que las universidades estén más conectadas con la sociedad, incrementar los derechos de los estudiantes y reducir la precariedad laboral del personal. 

Uno de los problemas de la universidad española es su envejecimiento y la falta de estabilidad, que no llega hasta los 45 o 46 años de media. Para acabar con esta precariedad, los profesores con contratos laborales temporales no podrán superar el 20 % de la plantilla, y el docente asociado no podrá superar las 120 horas de docencia al año. También se crea una nueva figura de sustituto. El objetivo es conseguir que una persona logre en diez años la estabilidad como docente, con cuatro años para hacer la tesis y otros seis para acreditarse y lograr una plaza en alguna de las figuras contractuales permanentes. 

Subirats pretende elevar la financiación de las universidades al 1 % del PIB, ya que actualmente está en el 0,7 % y no se ha logrado recuperar el nivel de inversión del 2009. Galicia es una de las comunidades, junto con el País Vasco, que más fondos aporta a estas instituciones académicas, contando además con planes plurianuales estables. 

Los estudiantes también verán mejorados sus derechos. Por un lado se reconoce el paro estudiantil, de modo que un alumno que realice estos paros no podrá ser penalizado por no asistir a clases o por no acudir a un examen. Eso sí, no se podrá ejercer este derecho en fechas ya señaladas para la evaluación. 

La elección del rector fue otro de los asuntos que experimentó cambios a lo largo de los distintos borradores. En el presentado esta mañana se recoge un mandato improrrogable de seis años -ahora son dos de cuatro años-, el candidato debe ser funcionario doctor (ahora se exige que sea catedrático), y la elección será directa por sufragio universal ponderado, como ya ocurre actualmente.  

Valoraciones

El Comité Ejecutivo de la Conferencia de Consejos Sociales de las Universidades Españolas lamentó que la reforma de la ley universitaria sea una oportunidad perdida que aleja a España de los sistemas europeos y ha explicado que no aborda el actual modelo de gobernanza para una verdadera autonomía operativa e institucional.

En concreto lamenta que el texto disminuye la participación de la sociedad en el gobierno universitario, y representa un paso atrás en la definición de las competencias de los consejos. En un comunicado, los consejos sociales de las universidades critican que el anteproyecto pone en manos de cada universidad la definición de los criterios de elección de rector y elimina cualquier referencia a fórmulas alternativas, como contemplaba el primer borrador del anteproyecto.

Por su parte, los estudiantes valoran los avances de la norma pero consideran que son insuficientes, ya que ven preciso dotar de más gobernanza al alumnado.