El Gobierno defiende su plan de rutas de bus y cree que acortará el viaje incluso en los pueblos que queden sin parada

Pablo González
pablo gonzález REDACCIÓN / LA VOZ

GALICIA

Estación de autobuses de la intermodal de Santiago
Estación de autobuses de la intermodal de Santiago PACO RODRÍGUEZ

Transportes está abierto a negociar su propuesta inicial y a subvencionar los transbordos a los que aboca el nuevo mapa

07 jun 2022 . Actualizado a las 05:00 h.

El Ministerio de Transportes, pese a las críticas, defiende la filosofía general de su nuevo plan de concesiones de rutas estatales de autobús, que en Galicia supone la supresión de 23 paradas, la mayoría en zonas rurales del interior del país. El objetivo genérico del plan, aseguran fuentes del ministerio, es habilitar concesiones que sean atractivas para operadores y usuarios, acortando los tiempos de viaje a costa de reducir el número de paradas. En Galicia se suprimirían en torno a la mitad de las que existen, obligando a los usuarios de estos concellos —una demanda muy reducida, de acuerdo con el ministerio— a realizar transbordos en los denominados centros nodales. Sin embargo, el ministerio defiende que este diseño favorecería incluso a los usuarios de los concellos con paradas suprimidas, pues creen que, a pesar del transbordo, las nuevas concesiones les permitirían reducir los tiempos de viaje, que la Dirección General de Transporte Terrestre considera demasiado amplios para que los trayectos en autobús resulten atractivos.

Garantizan, por tanto, que aquellos usuarios que tengan que recurrir a un cambio de autobús por la supresión de una parada no aumentarían por lo general su tiempo de viaje al destino en la inmensa mayoría de los casos. «Que haya menos paradas intermedias en los corredores también será positivo para los viajeros que tengan que desplazarse al nodo para hacer el viaje interautonómico. A partir de ahí los tiempos de viaje se acortan al tener menos paradas», explican fuentes del ministerio.

En el modelo actual hay casi trece paradas por ruta de media y se pretende reducirlas a la mitad. De los más de 1.900 municipios que tienen parada solo la conservarían algo menos de medio millar. Por tanto, el nuevo escenario que dibuja el plan afecta a todo el país, no solo a los más de 136.000 gallegos que se quedarían sin ellas.

Apoyo económico

El Ministerio de Transportes defiende este mapa de concesiones basado en los nodos de intercambio, pero matiza que no pretende cargar a las comunidades autónomas con los transbordos, sino que tiene previsto establecer convenios para subvencionarlos. «El Gobierno está abierto a buscar con las comunidades autónomas fórmulas para contribuir económicamente a la llegada hasta los distintos nodos de los viajeros que contraten servicios interautonómicos», explican fuentes del ministerio.

También están dispuestos a negociar con todas las comunidades lo que consideran una propuesta inicial de un plan que se pondrá en marcha mediante una «transición ordenada» que culminaría en el 2024. Para ello se abrirá un «proceso participativo» en el que «todas las voces sean tenidas en cuenta y valoradas, en un ejercicio de transparencia y participación, con el objetivo de alcanzar el máximo beneficio social», argumentan.

«El nuevo modelo no dejará a nadie atrás —añaden—, pero para esto será necesario garantizar la coordinación con la Xunta. Con el modelo actual cada autobús tiene una ocupación media de ocho pasajeros con destino en otra comunidad autónoma», aseguran en referencia a los 23 municipios en los que se planea suprimir la parada.

Transportes pretende modificar el actual sistema de rutas de autobús ante el riesgo de que no se pudieran renovar las concesiones porque no hubiera operadores interesados en cubrir relaciones «extremadamente deficitarias» y en un escenario con los precios de los combustibles al alza. Ante estos problemas de sostenibilidad, buscan licitar contratos que susciten el interés de las empresas y que sirvan para lograr «mejores servicios y precios más bajos». También quieren acabar con lo que consideran una «irregularidad» del actual sistema, en el que los autobuses estatales realizan servicios dentro de la comunidad.