Cuatro abogados del Estado y un fiscal rememoran el proceso más importante de sus carreras. Todos han alcanzado la élite profesional, tres en el sector público y dos en la empresa privada
07 nov 2022 . Actualizado a las 17:46 h.Daños en tres mil kilómetros de litoral, mil playas contaminadas, 230.000 aves marinas muertas y una fuerte convulsión en las calles. Fue la huella ambiental, social y económica que el hundimiento del Prestige dejó en Galicia en el negro noviembre del 2002. Con el siniestro, España comenzaba una compleja batalla legal y judicial para reclamar indemnizaciones por los daños causados por el petrolero. Ese proceso, que aún no ha terminado, comenzó en A Coruña en una pequeña oficina del edificio de Hacienda. Allí, dos jóvenes abogados del Estado, Antonio Vázquez-Guillén (tenía 32 años) y Óscar García Maceiras (tenía 27), se enfrentaban al caso de sus vidas y que marcó para siempre sus carreras profesionales. Vázquez-Guillén es ahora socio director en Madrid del destacado despacho internacional de abogados Allen & Overy, y García Maceiras es el actual consejero delegado de Inditex.
antonio vázquez-guillén
Dirige un bufete internacional. «El jueves, 14 de noviembre [un día después del mayday del Prestige] me llama el director general de la Marina Mercante [José Luis López-Sors] para decirme que hay un barco a la deriva. Ahí empieza la defensa del Estado en todos los órganos jurisdiccionales», recuerda Antonio Vázquez-Guillén, que había gestionado otros accidentes marítimos en Galicia, pero nada parecido al Prestige. «Fue algo excepcional. No te esperas una crisis de esa envergadura, no solo jurídica, sino política, social y económica. Nos tocó defender a España en todos los foros, desde el juzgado de Corcubión hasta la gestión de ayudas a los perjudicados, y la vía internacional para que los Estados apoyarán a España en el Fidac [Fondo internacional de daños por hidrocarburos]. Cumplimos con nuestro deber de defender al Estado, primero con un Gobierno del PP y después con uno del PSOE. Éramos abogados del Estado, gobernase quien gobernase», explica Vázquez-Guillén. Y añade: «Para mí, el caso Prestige supuso un importante nivel de reconocimiento profesional. Seguro que mis compañeros nunca han pasado una experiencia tan intensa y exigente. Veinte años después, no he visto nada que se le parezca». Recuerda con orgullo aquella etapa y destaca la labor de los servicios jurídicos públicos porque la del Prestige «es la única gran catástrofe del Estado en la que no se condena al Estado».
óscar garcía maceiras
Consejero delegado de Inditex. «Fue un asunto muy importante y complejo», apunta Óscar García Maceiras, que destaca el haber logrado que el Estado anticipara el pago de las indemnizaciones a los perjudicados y que dos Gobiernos de distinto signo político (Aznar primero y Zapatero después) hubiesen validado esa estrategia, lo que facilitó el desarrollo de la instrucción del caso y que el juicio se centrase en los hechos. «Acababa de empezar mi carrera profesional, y asumíamos un caso que tenía implicaciones desde muchos puntos de vista, derecho civil, penal, internacional...», rememora García Maceiras. «Habitualmente, este tipo de siniestros se agotan en sí mismos, pero en este caso desde que el barco da la alerta hasta que se hunde pasan seis días en los que se van sucediendo los acontecimientos. La del Prestige fue una experiencia profesional de una enorme exigencia y de las más importantes de mi carrera». Veinte años después, el ahora consejero delegado de Inditex recuerda que el hundimiento del Prestige «fue una desgracia como país, pero desde el punto de vista profesional fue un honor haber podido defender al Estado en aquel caso, que tuvo también una importante parte de sacrificio personal y familiar». Aquellos primeros días fueron de una gran exigencia. «Llegábamos de noche y salíamos de noche», recuerda una funcionaria de Hacienda reclutada para aquel miniequipo del Prestige que defendía a todo un Estado frente a expertos abogados internacionales.
álvaro garcía ortiz
Fiscal general del Estado. «Lo vi primero como espectador y luego como un actor privilegiado. Fueron unos hechos impactantes y abrumadores que dieron lugar a un proceso penal que, aun de manera tardía, trató de dar respuesta a la catástrofe». Lo cuenta Álvaro García Ortiz, que hoy es el fiscal general del Estado. Tenía 37 años cuando asumió la acusación pública del caso Prestige. Sucedía a su compañera Beatriz Pacios y al entonces fiscal jefe Ramón García-Malvar, ya fallecido. García Ortiz recuerda aquello «con la enorme responsabilidad a la que respondió la Fiscalía poniendo mucha humildad y trabajo. Fue un aprendizaje continuo». Dice que «hay una verdad judicial, lo que pasó y por qué pasó, determinada en un escenario donde se expusieron todas las pruebas y todas las tesis, en un juicio en ocasiones duro y bronco». Y admite que más allá de eso, «cada gallego tiene una verdad propia, un relato de lo que ocurrió desde su vivencia y su subjetividad. Hay muchas verdades, y todas son ciertas. No hay, por lo tanto, un solo Prestige, es algo que ha trascendido a los hechos y ya forma parte de la historia personal y colectiva de Galicia».
consuelo castro rey
Abogada general del Estado. Consuelo Castro sucedió a Vázquez-Guillén y a García Maceiras en el 2005 en la defensa del Estado. Tenía 41 años. Hoy dirige los servicios jurídicos de España. «Fue un caso muy singular, de enorme entidad y gran repercusión, no solo en Galicia, sino a nivel nacional e internacional. El juicio duró casi un año, con una gran exigencia de trabajo, de preparación de pruebas, de testigos... De estos casos solo tienes uno o dos en tu carrera». Y reconoce que fue una relevante experiencia profesional: «El caso Prestige nos marcó a todos los que intervinimos en él. Fue muy intenso, no solo para los abogados del Estado, también para el resto de los profesionales. Es el caso más importante de mi carrera, y destacaría que fue un éxito profesional porque era la primera vez en la que el Estado salía absuelto en un accidente marítimo». Sigue pendiente del proceso porque la sentencia está pendiente de ejecución: «Supuso un cambio en la jurisprudencia y tuvo un gran impacto en la industria del transporte marítimo».
Como abogada general del Estado, fue ella quien hace dos años recibió las llaves del Pazo de Meirás, tras su paso a propiedad pública.
javier suárez garcía
Jefe de la Abogacía del Estado en Galicia. «Llevar el caso Prestige es una gran oportunidad para cualquier profesional del derecho. Es un pleito muy importante por su repercusión social y sus implicaciones nacionales e internacionales», apunta Javier Suárez, que entró en el caso al mismo tiempo que Consuelo Castro. Suárez es ahora el jefe de la Abogacía del Estado en Galicia y está al frente de procedimientos de tanta repercusión como la recuperación del pazo de Meirás y el siniestro del Alvia.