Advierte que la admisión del recurso del Gobierno supondría un paso atrás de décadas por su visión recentralizadora
12 mar 2024 . Actualizado a las 18:59 h.La Xunta ha presentado sus alegaciones ante el Tribunal Constitucional frente al recurso del Gobierno contra parte del articulado de la ley del litoral de Galicia. El documento, de unas 350 páginas, fue elaborado en apenas 23 días, el plazo que tenía la Administración autonómica para contestar después de que se le notificase la demanda del Ejecutivo el pasado 15 de noviembre.
Desde la Xunta explicaron que la extensión de las alegaciones deriva por una parte de la extensa impugnación planteada por el Gobierno, que ha recurrido 73 apartados de los 469 que contiene la ley, y por otra parte, de la importancia de la demanda. No solo porque el litoral sea estratégico para Galicia, sino porque la admisión del recurso del Gobierno supondría retroceder a una visión «recentralizada» de la gestión del litoral que la doctrina del Constitucional dejó atrás hace décadas. También porque la resolución podrá aclarar si artículos idénticos recogidos en distintos estatutos de autonomía tienen el mismo o distinto alcance.
Las alegaciones, añadieron desde la Xunta, sostienen en primer lugar que el Gobierno central no trató de subsanar diferencias con la Xunta mediante una convocatoria de la comisión bilateral de cooperación, como sí hizo con otras comunidades, sino que su idea desde el principio era buscar una confrontación. Las mismas fuentes recordaron que la Dirección General de Costas rubricó un informe que pedía impugnar la ley el 13 de julio, el mismo día en el que fue publicada.
Las alegaciones recuerdan además que la ley fue aprobada por el Parlamento de Galicia sin votos en contra y sin afrontar enmiendas a la totalidad, señalaron desde el Gobierno gallego.
El grueso de las alegaciones, añadieron, sigue la estructura del recurso presentado por el Gobierno y responde artículo por artículo a las impugnaciones. Estas se organizan en grandes bloques, según se refieran a posible invasión de competencias, la regulación del dominio público marítimo-terrestre, la aplicación de competencias autonómicas en el mar territorial, la gestión de los títulos de ocupación en el dominio público o las competencias de pesca.
El Gobierno gallego considera que la decisión del Ejecutivo de impugnar la ley ha sido política y no jurídica. Así lo expreso el pasado 17 de noviembre Alfonso Rueda. El presidente consideró una prueba de ese hecho el pacto alcanzado esa semana entre el PSOE y el PNV para que la formación jeltzale apoyase la investidura de Pedro Sánchez. Una de las cláusulas del acuerdo es la cesión al País Vasco de la competencia sobre la gestión del litoral, aunque el estatuto de autonomía de esa comunidad dice exactamente lo mismo sobre el litoral que el de Galicia, a la que el Gobierno niega esa competencia por considerar que su estatuto no la recoge. «Cando fan falla os votos do PNV, o que diga a Constitución da igual», dijo Rueda antes de exigir al Ejecutivo que retire el recurso contra la ley.