El Constitucional avaló la ley del litoral de Galicia por la falta de argumentos del recurso del Gobierno
GALICIA
La sentencia afirma que el Ejecutivo impugnó artículos con descalificaciones globales, sin razonar por qué invaden sus competencias e incluso cuando subrayan la autoridad del Estado
30 may 2024 . Actualizado a las 19:54 h.El Tribunal Constitucional avaló la ley del litoral de Galicia porque el Gobierno no argumentó los motivos por los que consideró que invadía sus competencias. Su sentencia dice que la norma «por primera vez define el litoral de Galicia» y lo hace, dice citando la exposición de motivos, «exclusivamente para el ejercicio de las competencias que el estatuto de autonomía reconoce».
La ley, que el Parlamento gallego aprobó sin votos en contra, causó un fuerte enfrentamiento en la pasada legislatura entre la Xunta y el Gobierno central, que la describió como casi «una declaración de independencia».
El Ejecutivo anunció su recurso el 10 de octubre del 2023. La entonces portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, afirmó que recurrían al Constitucional para «velar y defender el cumplimiento» de la Carta Magna. Aseveró que la norma «invade competencias estatales», presenta «distintas causas de inconstitucionalidad», se «apropia de competencias exclusivas» del Estado «no recogidas en su Estatuto de Autonomía» o «reduce la protección» de la costa. Por todo ello se impugnaron 31 artículos, casi la mitad de todo el texto legal.
La comparecencia llevó a pensar que el Gobierno tenía un arsenal jurídico contra el texto, aunque la Xunta y su presidente, Alfonso Rueda, sostenían que el recurso solo tenía causa política.
El Constitucional no entra en ese aspecto, pero las más de 100 páginas de sentencia indican que no existía tal arsenal jurídico.
Parte de las impugnaciones fueron «desestimadas por incumplir la carga argumental exigida», ya que «el recurso se limita a efectuar una descalificación global de las referidas normas».
La sentencia apunta al «modo algo confuso» en el que se invoca el «vicio de lex repetita» —citas a la norma estatal—, que considera ilegales si inducen a la confusión, pero no de forma general.
Otras impugnaciones afectan a «objetivos generales, criterios de contenido abierto, determinaciones genéricas y finalidades pretendidas» de la ley», por lo que «no procede un pronunciamiento preventivo». Añade que «ni tan siquiera el escrito de impugnación efectúa razonamiento alguno sobre la inexistencia de soporte competencial autonómico, pues se limita a afirmar las facultades y competencias estatales».
En otro caso se impugnó una «declaración programática» que «no desconoce la competencia estatal sobre el dominio público marítimo terrestre o sobre la zona de especial protección». Otro caso «no aporta razones concretas» por las que un artículo lesiona la competencia estatal.
El tribunal dice que las omisiones de normativa estatal no determinan «la inconstitucionalidad de la regulación, pues dicha limitación mantiene su plena vigencia». De los 31 artículos impugnados, se declaró inconstitucional un apartado de uno y se retiró una palabra de otro. El voto particular de la magistrada María Luisa Balaguer Callejón critica la «defectuosa sistemática» de la sentencia del Constitucional y alude al contexto de «degradación ambiental del litoral», pero admite que «no puede deducirse automáticamente una revisión a la baja del estándar de protección del litoral».