El PSOE se abstuvo en una moción que no obliga a nada al Gobierno, que pactaron BNG y PP y apoyaron socios de Sánchez como Sumar, ERC y Bildu
14 jun 2024 . Actualizado a las 12:56 h.Por primera vez desde que existe la autopista AP-9, el Congreso de los Diputados ha decidido reclamar al Ministerio de Transportes que elimine sus peajes, anule la prórroga de la concesión que la mantendrá en manos privadas todavía 24 años más y ceda la titularidad de la infraestructura a la Xunta de Galicia. La moción promovida por el BNG, hecha suya por el PP y secundada por Sumar, ERC, Bildu, Podemos, UPN y Coalición Canaria, no obliga a nada al Gobierno, pero se convierte en un nuevo elemento de presión para que se mitigue la discriminación que supone que Galicia sea la comunidad de España con mayor número de kilómetros de peaje, cuente con unas de las tarifas viarias más altas y sea la única con dos autopistas cedidas a la iniciativa privada durante un período de 75 años.
La aprobación de la moción pactada entre BNG y PP no estuvo exenta de presiones para evitar que saliese adelante, pero acabó llevando al PSOE a abstenerse una vez que Sumar se decantó por el voto a favor. La reclamación planteada ante el Ministerio de Transportes contó con 181 votos a favor, 132 abstenciones y los votos en contra de Vox. La formación de Santiago Abascal trató de justificarse después asegurando que apoya «sin vacilación» la eliminación de los peajes, pero no la transferencia a la Xunta porque intuye «oscuros intereses» detrás.
A pesar de su abstención, el PSOE arremetió contra PP y BNG acusándolos de hacer «teatro» con la moción, de confundir a la ciudadanía y de «irresponsabilidad» por exigir que se anule la concesión a Audasa, operación que la diputada coruñesa Montserrat García aseguró que puede costar 4.000 millones de euros, como dijo el ministro Óscar Puente el mes pasado. Es «unha tomadura de pelo», incidió, para criticar el cambio de postura de los populares cuando están en la oposición, o la evolución del BNG de arremeter contra la AP-9 a considerarla ahora vital.
García Chavarría aseguró tras la votación que antes de final de año habrá nuevas bonificaciones para los usuarios de la autopista gallega, al tiempo que censuró que la Xunta no incremente las suyas en los dos viales autonómicos de pago, que a su juicio tienen «unhas peaxes abusivas».
El texto aprobado reproduce palabra por palabra el secundado por unanimidad el 14 de mayo por el Parlamento gallego y que exigía al Gobierno lo mismo que se sometió ayer a votación. «Din unha cousa en Santiago e votan a contraria en Madrid», manifestó el diputado del PP Celso Delgado, que también recordó que el secretario general del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, se comprometió en la campaña de las autonómicas a hacer gratuitas las autopistas Ferrol-Tui y Santiago-Dozón.
«A sociedade galega séntese estafada e discriminada», terció tras la votación el diputado nacionalista Néstor Rego, autor inicial de la moción. El parlamentario del BNG consideró histórico el resultado de la votación. «Por primeira vez e por maioría absoluta», valoró, para dar importancia a una decisión de las Cortes que entiende que no puede ser obviada ahora sin más por el Gobierno central.
Desde Sumar, el diputado gallego Manuel Lago estimó que el voto afirmativo de su grupo fue decisorio para conformar la mayoría final.
Cambio de discurso y petición de la factura a la concesionaria
El Partido Popular dejó ayer constancia oficial con su voto de su cambio de discurso respecto a la ampliación de la concesión de la autopista AP-9 que el que fue su presidente José María Aznar decretó cuando lideró el Gobierno. Los 25 años concedidos a mayores por él a Audasa son vistos ahora como un exceso, por lo que supone el pago de peajes durante 75 años, plazo que no han tenido que sufrir madrileños, catalanes, vascos, andaluces o valencianos.
Desde el PP se pone cuidado, en todo caso, en no criticar que se echase mano de la vía tarifaria, como pasó después con la ampliación de Rande, si las arcas públicas no contaban en su momento con músculo para asumir las obras. Pero los populares mantienen que es hora de que se valore cuánto podría costar poner fin a la concesión y a «sus excesivos peajes».
El texto pactado entre el BNG y el PP recoge expresamente la petición al Gobierno para que se realice un estudio riguroso de qué vía jurídica podría seguirse para zanjar la concesión y, sobre todo, discernir cuánto costaría a las arcas públicas asumir de forma directa la AP-9. La media de gasto en mantenimiento del vial se sitúa en 10 millones al año, pero lo más difícil es determinar cuánto habría que pagar a Audasa para que amortice sus inversiones en la infraestructura y compensarle por el lucro que dejaría de obtener al cerrarle su negocio.
Las variadas estimaciones hechas al respecto hasta ahora van desde los 700 millones que calcula Sumar, a la exigencia de Audasa, para empezar, de la deuda acumulada que supera los 1.000 millones de euros. El BNG suele hacer referencia a una factura de unos 2.000 millones, mientras que los Gobiernos del PSOE y del PP la han elevado a 4.000 millones, aunque alguno de los ministros conservadores ha llegado a hablar de 8.780 millones.
La cuenta final podría, en todo caso, verse reducida drásticamente si la Comisión Europea, o en última instancia los tribunales comunitarios, acaba por declarar formalmente como ilegal la prórroga de la concesión decretada por Aznar. De momento, Bruselas ya ha advertido dos veces al Gobierno de que haber ampliado el contrato sin sacar a concurso las obras que motivaron el nuevo plazo y esos 25 años a mayores vulnera el principio de concurrencia pública. El Ejecutivo ha alegado que se trataba de una empresa pública, pero la Comisión no comparte esa versión.
PNV y Junts no apoyan el traspaso de la autopista pese a que sí lo lograron para sus territorios
Despejadas las dudas que se cernían sobre el sentido del voto de los diputados de Sumar (no estuvo presente en la sesión su líder, Yolanda Díaz, al asistir a la cumbre hispano-turca), la sorpresa en la votación de ayer vino de la mano de las formaciones nacionalistas conservadoras. Tanto Junts como el PNV se alinearon con la postura del PSOE absteniéndose todos ellos, como también hizo desde el Grupo Mixto el exministro de Fomento José Luis Ábalos.
Vascos y catalanes entraron en contradicción con sus propias reivindicaciones históricas en lo que se refiere a la transferencia a la Xunta de la titularidad de la AP-9. En 1995, el Gobierno de Felipe González transfirió a la Generalitat las autopistas de interés general del Estado A-17 (Barcelona-frontera de la Junquera) y A-19 (Barcelona-Mataró). Con un real decreto similar, el Ejecutivo de José María Aznar cedía en 1999, en su caso, al Gobierno vasco presidido por el PNV, la autopista AP-8 (Bilbao-Behovia), también fronteriza, en su caso, con Hendaya. Y, en el 2019 y a solo nueve días del comienzo de la campaña electoral, Pedro Sánchez siguió la misma senda de transferencia viaria al País Vasco a cambio del apoyo del PNV en el Congreso a una batería de iniciativas socialistas cediendo la AP-68.
El Bloque pide a la Cámara Baja que declare urgente la transferencia
Néstor Rego, diputado del BNG, solicitó ayer en el registro del Congreso que se acepte tramitar por vía urgente la proposición no de ley aprobada el martes en la Cámara Baja para debatir la transferencia a la Xunta de la titularidad de la AP-9. «É unha cuestión de xustiza despois de terse aprobado cinco veces no Parlamento de Galiza e terse tomado en consideración outras tres no Congreso, aínda que foi bloqueada por PP e PSOE», hizo constar el diputado nacionalista.
Ya en el 2018, la propuesta salida desde Galicia fue tratada por esa misma vía urgente y en lectura única, sin debate previo en comisión. Pero de nada sirvió ante el adelanto electoral que se registraba un año después. Lo mismo ocurrió con idéntica iniciativa en el 2021, retrasada una y otra vez a cuenta de quince prórrogas para presentar enmiendas.