Porque, sin tiempo de leerla (ocupa 530 páginas), las partes ya anuncian su intención de recurrirla, con lo que parece lícito cuestionar si el sistema judicial es idóneo para dictaminar sobre un caso que puede resolverse técnicamente en menos de tres años, pero que las añagazas procesales lo alargaron mucho más, con grave daño para las víctimas.
De la sentencia sorprende la ecuanimidad de las culpas, al equiparar prácticamente el despiste de un profesional asalariado, que resultó víctima, con la situación precaria de una línea cuya empresa promotora dispuso de 2.400 millones de euros para construirla en perfectas condiciones, y no lo hizo.
Lo que se juzga es el hecho inmediato del accidente en el que se detectan conductas punibles de dos profesionales, de ahí que no aparezcan políticos, como demandan algunas voces. El caso es que son los profesionales quienes, si es el caso, deben plantarse y decir no cuando sus jefes (por presión política) les solicitan actuaciones no acordes con la seguridad o con su deontología profesional. Algo que no es muy habitual, pero que, como se aprecia, tiene consecuencias si no se pone en práctica.
Desde el 21 de mayo pasado, un tren AVE/Avril recorre la línea del accidente a 300 kilómetros por hora, con lo que la afirmación del presidente del ADIF en el Congreso de los Diputados, avalado por el secretario de Estado y la ministra, de que «la línea no es de alta velocidad», constituyó una mentira en sede parlamentaria. ¿Alguien ha pensado en pedir responsabilidades?
Y, hace dos días, ese mismo Congreso (en sesión extraordinaria) aprobó la ley que crea la Autoridad Administrativa de Investigación de Accidentes Ferroviarios, desmontando la matraca gubernamental de que la CIAF (compuesta por técnicos de Renfe y del ADIF) era un órgano independiente, en contra de lo detectado y denunciado por la Comisión Europea.
Mi participación en el esclarecimiento de los hechos me ha dado la oportunidad de conocer a alguna de las víctimas, lo que considero una gran suerte, al tratarse de personas valientes, luchadoras y de gran humanidad. Personas que han logrado superar el doble trauma de vivir con sufrimientos físicos temporales o permanentes y de ser castigados por un sistema que les pone enfrente al poder del Estado (al que nutren con sus impuestos) mediante ataques a escala desigual con los medios de dos empresas y abogados estatales, para defenderse por unos daños originados, precisamente, por ese mismo sistema estatal.
Para defender el amor propio, el ego o las decisiones (no siempre acertadas) de miembros del Gobierno y los intereses economicocomerciales de la marca España, no vale todo.