«El nuevo registro de viajeros hará que los clientes se vayan a los alojamientos donde no hay recepción»
GALICIA
Ramón Estalella, secretario general de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos, insiste en que las exigencias de Interior son ilegales y que irán a los tribunales si se aplican
20 nov 2024 . Actualizado a las 05:00 h.El próximo 2 de diciembre, alojamientos turísticos, agencias de viajes, plataformas de reservas y hasta empresas de alquiler de coches tendrán que empezar a aplicar el nuevo registro de viajeros exigido por el Ministerio del Interior, que multiplica hasta rondar los cuarenta los datos que debe proporcionar el usuario, incluyendo datos de pago, lugar de residencia, número de teléfono e incluso el parentesco que una al grupo viajero si en él hay algún menor. El sector continúa en pie de guerra contra la medida, aprobada en el 2021, pero que ha sufrido distintas moratorias para su aplicación, y sobre la que esperan que el Gobierno dé marcha atrás. De no hacerlo, el asunto llegará a los tribunales. Así lo aseguran desde la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos. Ramón Estalella es su secretario general.
—¿Por qué rechazan el nuevo registro?
—Una de las razones es que nos obliga a dar datos de reservas que en muchos casos los hoteleros no tenemos. Una gran parte de las reservas vienen intermediadas y los datos que nos dan los turoperadores, los agentes de viajes o las plataformas son muy escasos. En muchas ocasiones se limitan a reservar sesenta o setenta habitaciones porque en seis meses se va a celebrar un congreso, y esos son todos los datos que tenemos. Y en un segundo momento, a la llegada del viajero al alojamiento, nosotros queremos colaborar como hemos venido haciendo siempre recabando datos oficiales que aparecen en documentos oficiales, pero no más. En primer lugar, porque no los podemos conseguir, y en segundo lugar, porque el cliente no los quiere dar y porque consideramos que van contra su privacidad, y que en muchos casos creemos que son ilegales; no podemos dar datos de pago o coste de la estancia. Y en tercer lugar, en vez de poder automatizar un sistema de registro de entrada, tal y como tenemos en este momento, tendríamos que recabar datos a mano, meterlos en una plataforma... se hace inviable el sistema. Eso en los alojamientos que tienen recepción.
—¿A qué se refiere con esa distinción?
—Según datos estatales, más de la mitad de los viajeros que se alojan en España ya no pasan por un lugar que tenga recepción. Y sería absurdo obligar a la gente que viene a un hotel a dar un montón de datos mientras los que vienen, por ejemplo, a una vivienda uso turístico o a un apartamento, les basta con reservar a nombre de un persona y nadie va a comprobar quién ni cuántos entran ni sus datos, porque no hay nadie para recibirlos.
—El 4 de octubre se reunieron con el ministerio para hablar sobre la aplicación del registro y pedir de nuevo que se retirase o se modificase, pero el encuentro no fue satisfactorio para ustedes. ¿Han vuelto a verse desde entonces?
—Desde entonces no ha habido ninguna respuesta oficial a ninguna de nuestras cartas ni a nuestras peticiones de reuniones para poder establecer una prórroga de la entrada en vigor, o para emitir una normativa concreta para cada subsector, o para encontrar una solución informática distinta a la plataforma que nos han puesto a disposición y que no funciona bien.
—En ese encuentro de octubre, se dijo que el Ministerio habría reconocido que no iba a exigir más datos que los que se venían recogiendo hasta la fecha y que el sector reclamó que eso se explicite en una instrucción, una orden ministerial que limite claramente los datos que habrá que incluir. ¿Hay avances en esto?
—Sigue sin haber instrucción por escrito, y sin una instrucción por escrito no hay ninguna seguridad jurídica ni certeza de qué es exactamente lo que quieren. Nosotros estamos dispuestos a adaptarnos, pero con unas instrucciones de cómo, cuándo y con qué. Y no se nos ha dicho nada. Eso fue un comentario en la reunión del 4 de octubre, pero posteriormente no hemos tenido ninguna notificación oficial de nada.
—Entonces, ¿van a tomar alguna acción legal?
—Las acciones legales solamente las podremos tomar en dos momentos: el primero, cuando entre ya definitivamente en vigor y en aplicación el real decreto, o sea, el 2 de diciembre si no hay cambios; y el segundo, cuando multen a un establecimiento. En ese momento es cuando tienes la posibilidad de recurrirlo y de pedir que entre en suspensión. Nosotros ya tenemos toda la batería jurídica preparada para todas las instancias españolas y europeas en caso que el día 2 de diciembre no haya ninguna modificación. Entonces lógicamente pediremos la suspensión del Real Decreto porque, a todas luces, es ilegal.
—¿Cuáles serán sus argumentos jurídicos?
—Por un lado, cuando hay una supresión de derechos fundamentales puede ser justificable ante una alerta terrorista, pero si no hay esa alerta la supresión ha de hacerse a través de una ley orgánica, que requiere debate y aprobación parlamentaria, mientras que aquí se está haciendo por medio de un real decreto. Así que primero hay un tema de forma. Por otro lado, pensamos que se contraviene normativa comunitaria sobre protección y minimización de datos, de hecho hay varias sentencias del Tribunal Superior de Justicia de la UE que apoyarían esta argumentación. Y también creemos que va en contra de la directiva de los pagos digitales. Y tenemos bastantes más argumentos, que no puedo desvela. Pero creemos que lo que están exigiendo y cómo lo están exigiendo está fuera de cualquier normativa de amparo.
—¿Confían en que pueda haber algún avance antes del 2 de diciembre o creen que tendrán que llegar a esa vía judicial?
—Nosotros deseamos que haya una instrucción clara, deseamos seguir colaborando con los cuerpos de seguridad del Estado, pero necesitamos seguridad jurídica, que no nos metan en líos y poder seguir operando de cara al cliente tal y como hemos hecho hasta ahora, porque lo que no podemos es estar escuchando en España se quiere acabar con la privacidad de los viajeros ni hacer hacer cosas que no se hacen en ningún país de la Unión Europea, generando molestias y sin que aporten nada para incrementar la seguridad del Estado.
—Si se llega al 2 de diciembre sin cambios y hay que empezar a recabar hasta cuarenta datos de los viajeros, ¿qué aconsejarán a los establecimientos que hagan?
—De momento no podemos decir qué vamos hacer, lo tenemos que debatir, es un tema complejo, pero lo que está claro es que lo que vamos a pedir a nadie es que haga nada ilegal.
—El problema es que, según sus argumentos, tan ilegal parece cumplir con el registro como no hacerlo...
—Bueno, pero es que muchas veces tienes que decidir qué incumples. Hay veces que las normas son ilegales de base, y lo que no puedes hacer es cumplirlas pensando que gracias estás cumpliendo la legalidad, porque estás incumpliendo en realidad, y el tema de protección de datos y de la protección de pagos, por cuestiones de ciberseguridad, son temas muy serios.
—¿Creen que si empiezan a aplicar el nuevo registro, los clientes penalizarán a los establecimientos? ¿Se resentirá la entrada de viajeros?
—Yo estoy seguro que los clientes intentarán no ir a lugares donde le están pidiendo datos ilegales, y se irán a lugares en donde nadie le solicita datos. Porque en aquellos lugares donde no hay recepción, no hay manera de comprobar los datos y quedarán exentos de darlos, por mucho que pretenda el Ministerio del Interior.
—¿Qué le piden al Ministerio del Interior?
—Lo que aconsejamos es que el propio ministerio entienda la situación turística, se reúna con todos los intervinientes del sector, y que una vez que entiendan nuestra operativa adapten sus deseos a eso. Pero han hecho justo al revés, han llegado con una normativa incumplible, ilegal, y forzando a que se cumpla. Tal es así que desde que entró en vigor en el 2021 no han hecho más que prorrogar su aplicación, porque saben que no es cumplible tal y como está. Lo más rápido sería emitir una instrucción que aclare qué datos pedir, y también que se haga una plataforma informática que funciones, porque actualmente la nueva plataforma da tantos problemas que va a hacer que se pierdan datos, mientras que las que teníamos antes con Policía o Guardia Civil funcionaban sin problemas. Estamos deseando colaborar con la seguridad de España, pero entendiendo cómo se maneja el hecho turístico y dialogando con el sector, algo que no se ha hecho, por mucho que digan.