El Gobierno vasco estudia un impuesto para toda la comunidad, y el asturiano, una tasa voluntaria para los municipios como la de Galicia
20 nov 2024 . Actualizado a las 05:00 h.Galicia no ha inventado, ni mucho menos, el concepto de la tasa turística, una herramienta que funciona desde hace años en muchas partes del mundo, especialmente en aquellas que más sufren el impacto de los viajeros. Italia es uno de los países donde está más extendida, con tasa en casi todas sus ciudades más célebres. En Venecia incluso se cobra solo por visitarla, aunque no se pernocte. París o Ámsterdam son alguna de las urbes con tarifas más altas por pasar la noche, esta última cobra un porcentaje sobre la tarifa por noche que llega a elevar el recargo por encima de los veinte euros.
En España, la comunidad autónoma pionera fue Cataluña. Desde el año 2012 cobra un impuesto sobre las estancias en establecimientos turísticos. La cuota máxima es algo superior a la de la norma que se está tramitando en Galicia. A día de hoy, la prima más alta es de tres euros por persona y día de estancia, para personas que se alojen en hoteles de cinco estrellas o establecimientos considerados de lujo; los hoteles de cuatro estrellas o establecimientos de categoría equivalente deben cobrar un recargo de 1,20 euros; los pisos turísticos, de un euro; y el resto de alojamientos, quedan en 60 céntimos. Además, también se gravan las estancias en cruceros turísticos, con entre dos y tres euros. A mayores, la ciudad de Barcelona tiene un recargo propio, que deja la tasa en una horquilla de entre 5 y 7,50 euros diarios.
También Baleares cobra un impuesto turístico, también llamado ecotasa, desde el año 2016. Grava la estancia en alojamientos de la comunidad (incluye pisos y embarcaciones turísticas) y lo recaudado se destina a un fondo para fomentar el turismo sostenible. La tarifa oscila entre uno y cuatro euros al día por huésped, según el tipo de establecimiento, y el gobierno balear baraja incrementarla durante los meses de verano.
La Comunidad Valenciana también aprobó en el año 2022 una tasa turística. En virtud de una moratoria, debía empezar a aplicarse en diciembre del 2023, pero la llegada del PP al Gobierno de la Generalitat hizo que se derogase antes de entrar en vigor.
Con todo, son más las autonomías en las que el runrún sobre la implantación de este impuesto aparece y desaparece. Y en concreto, los gobiernos de dos de ellas se han comprometido a comenzar a tramitarla próximamente. Es el caso de la comunidad vecina de Asturias. Su presidente, el socialista Adrián Barbón anunció durante el debate del estado de la región de este otoño que entre sus compromisos para el año próximo está aprobar una tasa turística de carácter municipal y voluntaria para los ayuntamientos.
También en el País Vasco, el Ejecutivo de coalición compuesto por PNV y Partido Socialista ha anunciado que impulsará un impuesto al turismo. El consejero del ramo, Javier Hurtado, comprometió que a más tardar en primavera se presentará una propuesta de tributo consensuada con el departamento de Hacienda y Finanzas. Según avanzó a la radio pública vasca, sería un impuesto autonómico, no elegible por los distintos municipios, cuya recaudación revertiría tanto en el sector como en los ayuntamientos. El Ejecutivo vasco baraja que sea progresivo, teniendo en cuenta el tipo de alojamiento como ya hace la tasa gallega, e incluso que sea distinto en temporada alta o baja. Algunos ayuntamientos de la comunidad, como el de San Sebastián, llevan años pidiendo una recaudación extra que compense la presión de los viajeros.