El duro recurso de la aseguradora del ADIF en el caso Alvia: insinúa que la jueza tenía tomada la decisión de condenar al exdirector de Seguridad «desde el principio»
GALICIA
El abogado de Allianz Global, que debe abonar 25 millones de euros a partes iguales con el seguro de Renfe, reclama la absolución de Andrés Cortabitarte y asegura que la complejidad del proceso «superó ampliamente a la jueza»
28 nov 2024 . Actualizado a las 05:00 h.La defensa de Andrés Cortabitarte y la representación legal de Allianz Global, la aseguradora del ADIF, también registraron este miércoles en la Audiencia Provincial de A Coruña sus recursos contra la sentencia del Alvia, en los que piden la absolución del exdirector de Seguridad en la Circulación del administrador ferroviario, condenado a dos años y medio de cárcel, al igual que el maquinista.
Especialmente duro es el escrito que lleva la firma de Gonzalo Ardila Bermejo, abogado de Allianz Global en este caso, que utiliza términos muy categóricos para cuestionar la fiabilidad de la sentencia de la jueza María Elena Fernández Currás, titular del Juzgado de lo Penal número 2 de Santiago. «Resulta muy difícil ahuyentar la sensación de que la decisión de condenar al señor Cortabitarte (ADIF) y a Alianz Global estaba tomada desde el principio y que la juzgadora simplemente ha tomado en consideración aquellos hechos y argumentos que le interesaban para justificarla, lo que ha desembocado en una resolución técnicamente equivocada, jurídicamente insostenible y completamente inasumible en la práctica», alega en su escrito, tras adelantar «errores, omisiones, contradicciones e incoherencias» en el fallo judicial y asegurar que está convencido de que la Audiencia «corregirá la situación» y absolverá a Cortabitarte».
Para el letrado de la aseguradora, que fue condenada junto con la de Renfe (QBE) a abonar los 25 millones de euros de responsabilidad civil del accidente, el caso tiene una elevada complejidad, a la que añade «la tremenda carga emocional de tener que hacerlo reviviendo una situación tan dolorosa y lamentable para tantísimas víctimas, y la no menos pesada exposición y presión mediáticas». Todo para concluir que se trata de uno de los macroprocesos «más complicados en los últimos tiempos en nuestro país» y que merecería una reflexión si un caso como este debería recaer «en manos de una única persona (por muy preparada que pueda estar)». «Vaya por delante -añade después- que la juzgadora de primera instancia es (lo creemos sinceramente) una profesional experimentada que ha dedicado un esfuerzo notable para tratar de resolver el caso según su mejor y más honesto criterio técnico. No lo dudamos».
En este juego dialéctico en el que da una de cal y otra de arena a la magistrada que redactó la sentencia, el letrado que representa a la aseguradora del administrador ferroviario asegura que el caso «le ha superado ampliamente [a la jueza] y que ese encomiable esfuerzo no ha servido para evitar que, quizás mediatizada por sus circunstancias personales de residencia en el lugar de la tragedia y de proximidad a las víctimas, haya dictado una resolución que, dicho sea con el debido respeto, no solo es desacertada desde un punto de vista técnico y jurídico, sino que genera unos efectos prácticos tan peligrosos como absolutamente inasumibles para el sistema ferroviario español». Resumiendo: asume que hay un factor emocional en la sentencia que condena al excargo del ADIF.
A continuación, enumera una serie de errores y omisiones en la sentencia y acusa directamente a la jueza de ignorar aspectos clave que surgieron durante la instrucción y en el juicio. Y llega a asegurar que sí se hizo un análisis de riesgos, pero no a cargo del ADIF, sino de Renfe, después de la denuncia sobre la peligrosidad de la curva de Angrois del jefe de maquinistas de Ourense, José Ramón Iglesias Mazaira. En ese supuesto análisis de riesgos -esto es algo nuevo en la causa- se concluyó, en su opinión, «que tanto la infraestructura como la señalización eran correctas y que no había ningún peligro que no se hubiera contemplado y/o que exigiera alguna medida adicional».
«Malinterpreta las obligaciones legalmente exigibles», «confunde la certificación que el señor Cortabitarte emitió el 7 de diciembre del 2011», le atribuye un «claro sesgo retrospectivo» en las medidas mitigadoras del accidente... Son algunas de las recriminaciones que están presentes en casi todas las páginas de su recurso. Y son 149. Hasta le atribuye el hecho de que la sentencia «supone declarar que la circulación de nuestros trenes en modo ASFA genera un riesgo intolerable para la seguridad de los pasajeros». Efectivamente, hubo técnicos en el juicio que cuestionaban que este sistema de asistencia puntual era idóneo para trenes que van a 160 por hora, pero no a 200, como era el caso del Alvia aquel 24 de julio del 2013.
En el ámbito de la responsabilidad civil, que es en lo que está realmente interesado el letrado, proclama que la sentencia «tampoco es un ejemplo de rigor, precisión y coherencia». En este punto asegura que, incluso en el hipotético caso de que se considerase que Cortabitarte es culpable, «la póliza del ADIF, tal y cómo fue negociada y firmada, impediría exigir a Allianz Global cantidades por encima de la suma máxima asegurada de 1,5 millones de euros».