Milei amenaza el recuerdo de la gallega que cosía muñecas secuestrada en la ESMA

Raimundo Villaflor quiso abrazar a su madre antes de huir el 4 de agosto de 1979. Ella le alertó, llamando desde un teléfono público, que su hermana, cuñado y sobrina habían sido secuestrados por los milicos y trasladados al centro clandestino de detención que la dictadura argentina creó en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA). Él, un reconocido militante peronista, y su compañera, Elsa Garreiro Martínez, natural de Couso, en Gondomar, eran los siguientes de la lista. Los dos cargaron en la camioneta lo imprescindible rumbo a la localidad bonaerense de Avellaneda para un último adiós, con las pequeñas Elsa, de cuatro años, y la bebé Laura, de once meses, en brazos. A tres manzanas de llegar a la casa donde esperaba aquella cruel despedida, cuarenta hombres vestidos de civil les cortaron el paso apuntándoles con armas de fuego.

Raimundo salió el primero de la camioneta, sabedor de un destino fatal, con las manos en alto. A Elsa la sacaron del vehículo suplicando que no raptasen también a las niñas, gritando a los vecinos la dirección de la calle Pasteur donde vivía su suegra para no dejarlas solas bajo el invierno austral. «Mi madre me llevó hasta el cordón de la vereda, me sentó, puso a mi hermana en brazos y me dijo que la cuidara», contó la mayor de las dos niñas tiempo después. Abandonadas abajo de un árbol, arrancados sus padres, las pequeñas Elsa y Laura les vieron perderse, cada uno secuestrado en un coche distinto, dirección a la ESMA, de la que Raimundo nunca salió.

Vuelo de la muerte

«Mi papá fue asesinado al cuarto día en la sala de torturas», responde por teléfono Laura, 45 años después de aquello. Su madre, junto a su tía Josefina Villaflor, desaparecieron a principios de 1980 en uno de los vuelos de la muerte que arrojaron a miles de personas al mar. «No tuvimos ningún tipo de restitución», dice Laura sobre otro de los horrores de aquella dictadura, creando nuevas víctimas entre quienes nunca volvieron a saber nada de sus padres, hijos o hermanos.

Antes de desaparecer, Elsa y su tía eran arrastradas desde «la capucha», donde se hacinaba a los presos con la cabeza cubierta y tendidos sobre colchonetas, a «la pecera», una suerte de oficinas donde se las obligaba a trabajar. Elsa, que sabía inglés y francés, traducía allí documentos para los militares. Y en el pañol de la ESMA, con unas telas que extrajo entre las ropas que los militares quitaban a los secuestrados, cosió varias muñecas sin que la descubriesen. Dos eran para sus niñas, y otra para la hija de su compañera Norma Cozzi, que logró sobrevivir y dar su testimonio.

La historia de «la Gallega», como se conocía a Elsa, está recogida en uno de los paneles informativos de la ESMA, reconvertida en espacio de memoria desde el 2004, durante el Gobierno de Néstor Kirchner. Una memoria que se encuentra hoy en peligro con la presidencia de Javier Milei.

Cierres y recortes

Miles de personas se manifestaron a principios de enero contra el cierre del Centro Cultural de Memoria Haroldo Conti, en el recinto de la antigua ESMA, lo que se suma a la disolución de una comisión especial dedicada a investigar la desaparición de niños por el terrorismo de Estado durante la dictadura.

«Para los familiares es brutal todo esto», reconoce Laura, que cada quince días sigue yendo al juzgado como querellante en los juicios de lesa humanidad a la junta militar. Advierte, por un lado, sobre el «discurso negacionista» del Gobierno, que al mismo tiempo se trata de «igualar el terrorismo de Estado» de la dictadura con la resistencia civil.

Recuerda la campaña electoral en la que Milei puso en duda la cifra de 30.000 desaparecidos durante la dictadura, y cuya actual vicepresidenta, Victoria Villarruel, mantuvo entrevistas en la cárcel con militares condenados por delitos de lesa humanidad. «Hay un achicamiento del Estado en general, y esto afecta a los espacios de memoria. Consideran que esto es un tema cerrado», denuncia.

«Milei está haciendo recortes en sanidad pública, educación, ministerios y, por supuesto, atacando ferozmente a los lugares donde hubo delitos de genocidio», expone Lois Pérez Leira, natural de Vigo y residente en Buenos Aires, que documentó relatos de víctimas de la dictadura argentina, incluido el de su novia desaparecida, también gallega, Inés Ollero, de Paderne de Allariz.

La joven fue secuestrada en julio de 1977 mientras volvía a casa en autobús. El documental En busca de Inés es la historia de cómo su padre se montó noche tras noche en aquella línea para tratar de descubrir que fue de su hija. Es también la de tantos otros desaparecidos de los que nada más se supo. La película se proyectaba en el centro Heraldo Conti.

Cientos de desaparecidos con origen gallego

La Xunta no dispone de datos oficiales sobre la cifra de gallegos desaparecidos durante la dictadura argentina. Hay estimaciones, como la que realiza la gallega Consuelo Castaño, presidenta de la Comisión de Desaparecidos Españoles, que plantea que fueron mayoría entre los secuestrados de origen español. «Las listas se armaron gracias a los familiares que denunciaron», explica, pero calcula que la cifra podría rondar los 2.000 con origen en Galicia, incluyendo a hijos, nietos o bisnietos. La ley de memoria democrática otorga nacionalidad a descendientes hasta ese grado.

Castaño califica de «terrible» la actual política de derechos humanos en Argentina y teme que se puedan producir nuevos cierres. «Tenemos una trayectoria que ha sido ejemplo en todo el mundo. Ha sido una lucha muy dura y no es para decir que todo eso no existió», lamenta.

Lois Pérez, que publicó dos libros tratando de recopilar esos listados de víctimas, calcula que podrían ser «centenares y quizá miles». «Había una cantidad enorme de personas que no denunciaron en la Embajada, y otros que ni estaban entre los desaparecidos», señala, compartiendo la «preocupación de la colectividad gallega» por la «reducción de libertades y de la democracia» en Argentina bajo la «motosierra» de Milei.

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