El juzgado de la sentencia del Alvia está al borde del colapso, según UGT
GALICIA
«A sobrecarga de traballo é de dimensións colosais», asegura el sindicato
26 feb 2025 . Actualizado a las 18:52 h.El Juzgado de lo Penal número 2 de Santiago, cuya titular, Elena Fernández Currás, dictó la sentencia del Alvia, estaría actualmente al borde del colapso en la tramitación de los asuntos que tiene asignados, según una denuncia hecha pública este miércoles por la sección judicial del sindicato UGT, mayoritario en los juzgados de Compostela. «Se non se toman pronto as medidas adecuadas, o xulgado colapsará», aseguran en un comunicado. La llegada a este órgano juzgador del amplísimo sumario del Alvia obligó a la jueza a dedicarse en exclusiva a la preparación del juicio, después a presidir las sesiones durante diez meses y, por último, dedicar un año a la elaboración de una sentencia compleja con una pieza de responsabilidad civil que afecta a cerca de medio millar de afectados por el accidente. En total, dos años y medio de dedicación a un macrosumario. La sentencia se hizo pública el pasado 26 de julio y condenó al maquinista y al exjefe de Seguridad del ADIF a dos años y medio de cárcel.
«Estas macrocausas, cuando llegan, generan distorsiones muy grandes en los juzgados», explica el portavoz de UGT-Xustiza en Santiago, Manuel Díaz Mato. La dedicación en exclusiva de la jueza al caso Alvia provocó que el resto de los asuntos los llevaran dos juezas de apoyo territorial —que suelen estar en expectativa de destino— y otros tres jueces sustitutos procedentes de la bolsa de trabajo creada para estos casos. Estos cambios continuos provocó que «ningún deles permenecese o suficiente tempo no órgano xudicial para dar continuidade ao seu traballo», alega el sindicato en su comunicado. «Cuando empiezan a adaptarse al trabajo del juzgado se tienen que ir», añade Díaz Mato.
Esta situación de provisionalidad se agravó con la baja por enfermedad de la letrada titular del juzgado, que también tuvo que ser sustituida, a lo que se sumó «a saída do xulgado da totalidade do seu cadro de persoal por distintos motivos». Actualmente hay seis funcionarios y dos auxiliares, así como una gestora que llevó el peso del caso Alvia -y que cambiará de destino en breve- junto con otros dos refuerzos que se designaron en su momento y ya no están. La situación también se complicó por la huelga de los letrados de la Administración de Justicia y de los abogados del turno de oficio, «que incrementaron de forma considerable o atraso con innumerables suspensións de xuízos».
¿Cómo se materializa esta situación en el día a día del juzgado? En una demora muy relevante en los señalamientos de los juicios. «Afecta en lo más relevante para los ciudadanos, que es cuándo van a tener su juicio. Este juzgado está señalándolos en un plazo de dos años, mientras que el número 1 lo está haciendo en meses», aclara Manuel Díaz Mato sobre los dos órganos juzgadores en Santiago. «A día de hoxe a sobrecarga de traballo é de dimensións colosais», concluye el sindicato.
En el comunicado, UGT-Xustiza responsabiliza a la Xunta de la «insuficiente dotación de recursos» y al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y al Ministerio de Justicia de «imprevisión» en sus ámbitos competenciales. Aseguran que la letrada del juzgado remitió escritos a las administraciones implicadas. «A Dirección Xeral de Xustiza estase a negar a reforzar o cadro de persoal, a pesar das continuas solicitudes que se fixeron desde UGT e o propio xulgado», algo que la Xunta niega, aunque los sindicalistas esgrimen un escrito remitido el pasado mes de noviembre.
La Xunta niega que falte personal de gestión y apunta al CGPJ
La Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes respondió al comunicado de UGT negando que falte personal en el Juzgado de lo Penal número 2 de Santiago. «O colapso ao que se alude non é por falta de persoal da oficina xudicial, xa que este xulgado ten todo o cadro de persoal cuberto», alegan. Fuentes de la consellería recuerdan que fue reforzado durante el juicio con tres funcionarios, uno de los cuales permanece en el juzgado. «A maiores, autorizóuselle hoxe [por este miércoles] o nomeamento dun funcionario interino de auxilio xudicial», destacan.
La consellería cree que el problema radica en los «postos de decisión» del juzgado, y en este sentido recuerdan que la normativa prevé que, en casos de excepcional retraso o de acumulación de asuntos, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) puede acordar medidas extraordinarias, como la adscripción de jueces de otros órganos judiciales mediante comisión de servicio. «Este é o caso, polo que sería conveniente reforzar o xulgado nos postos de decisión».