Gobierno y Xunta solo llegaron a dos acuerdos bilaterales de los 52 alcanzados con las comunidades autónomas
GALICIA
Estas negociaciones evitan recursos ante el Tribunal Constitucional si existen conflictos de competencias
06 mar 2025 . Actualizado a las 05:00 h.El Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática ha alcanzado desde el inicio de esta legislatura un total de 52 acuerdos finales con las comunidades autónomas en el contexto de las comisiones bilaterales de cooperación, que se activan cuando existen discrepancias competenciales respecto a leyes promulgadas por los Parlamentos autonómicos. En otros casos, son las propias autonomías las que promueven el procedimiento. Estas negociaciones han evitado recursos de inconstitucionalidad mediante una modificación legislativa o una interpretación de la norma acordada de forma bilateral.
De esos 52 acuerdos, solo dos se alcanzaron con la Xunta, los relativos a la Ley 10/2023, de 28 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas, que se cerró en septiembre del año pasado con cambios normativos; y la Ley 1/2024, de 11 de enero, de la calidad alimentaria de Galicia, un conflicto competencial que terminó en mayo del 2024.
Estos datos los hizo públicos el ministro Ángel Víctor Torres, en el marco de la Comisión Interministerial de Coordinación de la Administración Periférica del Estado, que se celebra en Córdoba, con la participación del delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, y del resto de los representantes del Gobierno central en las comunidades autónomas.
Los dos acuerdos con la Xunta contrastan con las negociaciones que terminaron con la conflictividad en territorios como Baleares, comunidad también gobernada por el PP, con la que se resolvieron diez casos de colisión competencial. En un escalón inferior se sitúan la Comunidad Valenciana y Aragón, con cinco acuerdos alcanzados con cada una de ellas.
El ministro de Política Territorial aseguró que seguirá impulsando la vía de diálogo, «con el objetivo de agotar todos los medios posibles, dentro de la cooperación con las comunidades autónomas, para reducir al mínimo la conflictividad y evitar recursos de inconstitucionalidad a través del consenso y el acuerdo».