El impacto de la morosidad
GALICIA

Por lo general, la morosidad en las administraciones públicas viene provocada por un período prolongado en el que los gastos han superado a sus ingresos. En estos casos, la morosidad sería un reflejo de la mala salud financiera de la entidad. Pero, excepcionalmente, puede haber entidades en que la demora responda al hecho de que, aún siendo la liquidez suficiente, existen problemas internos de tramitación de las facturas que acaban retrasando los pagos, y este parece ser el caso de Ourense. Entre las consecuencias negativas para los servicios públicos destacan las dificultades que se pueden generar para nuevas contrataciones, y esto hace que los servicios públicos se resientan. Sobre el sector privado, el impacto tiene que ver directamente con la liquidez de las empresas. Cuando una firma realiza un trabajo a una administración pública y se ve obligada a financiar ese retraso con sus recursos, le provoca tensiones de tesorería o riesgos de impagos en cadena. Con el fin de combatir esta situación, en el año 2012, en el que España estuvo próxima al rescate por parte de Europa, comenzaron a desplegarse medidas normativas para erradicar esta morosidad. Una de ellas tiene que ver con la instauración de mecanismos adicionales de apoyo a la liquidez, como ha sido el caso de Ourense, que debe acogerse a esta medida con carácter obligatorio por superar de forma reiterada en más de 30 días el plazo máximo de pago establecido. Al ser obligatoria la medida, los interventores deben facilitar información de las obligaciones pendientes y, en caso de que las entidades locales no concierten la operación de endeudamiento, el órgano competente del Ministerio de Hacienda y Función Pública efectuará las retenciones que procedan para satisfacer su participación en los tributos del Estado. En todo caso, estas medidas son eficaces cuando la morosidad responde a problemas de tesorería, pero no cuando obedece a otros tipos, como en el caso de Ourense, de contratos en precario, inadecuación del crédito para hacer frente a las obligaciones o falta de planificación que permita la correcta elaboración de presupuestos.
J. Antonio Rueda es presidente de Cosital, Consejo de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración Local