El Parlamento gallego aprueba pedir la convocatoria inmediata de elecciones generales con los votos del PP

Manuel Varela Fariña
M. Varela SANTIAGO / LA VOZ

GALICIA

PACO RODRÍGUEZ

La vicepresidenta de la Cámara, Elena Candia, defiende que nunca elaboró «ningún documento anónimo» que implicase a Besteiro

09 jul 2025 . Actualizado a las 15:17 h.

El Parlamento aprobó este miércoles una iniciativa del Partido Popular que exige la disolución de las Cortes y la convocatoria inmediata de elecciones generales. La proposición no de ley también recoge la depuración de responsabilidades políticas por los casos de corrupción que afectan al entorno del Gobierno central y del PSOE. La propuesta salió adelante con la mayoría absoluta del PP, mientras que PSdeG y BNG votaron en contra.

La resolución aprobada incluye un rechazo explícito a la «corrupción instalada no seo do PSOE, no Goberno de España e na contorna persoal e política máis próximo ao presidente Pedro Sánchez» y una condena a las acusaciones del Ejecutivo central contra periodistas y jueces que están investigando los escándalos. También exige «a inmediata depuración de responsabilidades políticas» y que los socios del PSOE «revisen os acordos de goberno ou de apoio político».

La viceportavoz popular, Paula Prado, comenzó citando el sumario de la Pokémon para exponer «un patrón que se observa ao longo de gobernos instalados moitos anos na Administración», añadió para señalar a concejales socialistas y nacionalistas que en Santiago habrían recibido prebendas. Pasó así a centrarse en la corrupción que los populares atribuyen al presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, a quien acusan de haber «carcomido» las instituciones para mantenerse en el poder.

«Esta colonización insaciable xa non entende de separación de poderes», y todos ellos dependen del presidente del Gobierno desde que entró en la Moncloa, continuó. También arremetió contra «o xeito no que corromperon o feminismo» aquellas personas de sectores de la izquierda que durante años «se arrogaron o dereito exclusivo de falar en nome das mulleres en público», y que ahora, tras lo observado en el informe de la UCO que derivó en el encarcelamiento del exnúmero tres socialista, Santos Cerdán, se sabe cómo se comportaban en privado.

La viceportavoz y secretaria de organización del PSdeG, Lara Méndez, replicó mencionando los principales casos de corrupción que afectaron al PP como Gürtel, Púnica o Lezo: «Señora Prado, non me chega o período de sesións para falar dos casos de corrupción do PP». Comparó a su partido, en el que la corrupción «nin se nega nin se tolera», frente a un Partido Popular que, según aseguró, la premia. Desde el BNG, el diputado Iago Tabarés consideró la iniciativa «bastante sectaria e con altas doses de cinismo», y recordó que en el 2026 se juzgará la Operación Kitchen, «unha estrutura pública de fondos públicos para impedir o funcionamento da administración de Xustiza» que afecta al PP. También calificó como «inaudito» que el PP tuviese «doce ministros dun goberno que pasaron polo Supremo» y reprochó el aforamiento del senador y expresidente del PP de Ourense, José Manuel Baltar, condenado por conducir a más de 200 km/h.

Explicaciones de Elena Candia

En su réplica, Prado insistió en que el Ejecutivo de Pedro Sánchez es «o goberno máis corrupto da historia de España» y que la votación permite «retratar» a socialistas y nacionalistas. Rechazó además una enmienda del PSdeG que pedía la dimisión de Elena Candia por «activar» la Operación Pulpo: «Ela, nun escrito, non anónimo, con DNI, nome e apelidos, trasladou as denuncias anónimas de traballadores que vostedes meteron nun caixón».

Al final del debate, la vicepresidenta del Parlamento y presidenta provincial del PP de Lugo, Elena Candia, pidió la palabra por alusiones y aseguró que no participó, redactó ni elaboró ningún documento anónimo. «E nin sequera denunciei nunca ao señor Besteiro», subrayó. Denunció una «campaña de desprestixio e de acoso» que, según dijo, se ha intensificado desde que fue candidata del PP a la alcaldía de Lugo en el 2023. «Só confirma unha cousa: que efectivamente non somos iguais», lamentó, citando el Código Penal para recordar su obligación de poner en conocimiento de la Fiscalía cualquier indicio de delito.