El PSdeG augura la gratuidad para el 2026 y Asturias también la reclama
18 sep 2025 . Actualizado a las 08:43 h.La AP-9 nunca ha dejado de ser motivo de enfrentamiento político, pese a que los tres partidos mayoritarios coinciden en reclamar en Galicia su rescate, transferencia y gratuidad. Tras conocerse las explicaciones dadas por el ministerio a la Comisión Europea, la Xunta interpretó que «o Goberno volve castigar os galegos, aos que condena a seguir pagando unha peaxe inxusta por esta autoestrada». El presidente gallego, Alfonso Rueda, había pedido instantes antes de que Transportes diese a conocer su estrategia en el conflicto de la autopista, que el Ejecutivo de Pedro Sánchez «estea á altura e a AP-9 sexa libre e gratuíta o antes posible». «Espero que faga o correcto», reclamaba.
La Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas hizo ver después que el Gobierno central había defraudado a Galicia al no haber aprovechado el dictamen de Bruselas para iniciar la rescisión de la concesión, maniobra que la Administración gallega valora que tendría un coste de 2.356 millones de euros en favor de Audasa.
Mientras la Xunta aseguraba sentirse defraudada, en las filas del PSdeG fue difícil disimular el desconcierto con la postura anunciada por Transportes. En la formación de Pedro Sánchez en Galicia se instaló esta semana la idea de que el Gobierno central podría avanzar de alguna manera hacia la gratuidad de la autopista para sus usuarios, como así lo habían insinuado tanto el delegado del Gobierno, Pedro Blanco, como el secretario general del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro. Este volvió a decir este miércoels que «é o momento político de dar o salto definitivo, e o PSOE está disposto a facelo. É o momento de dar o salto á gratuidade total», dijo para añadir que se espera conseguir esa gratuidad «de cara ao 2026». El levantamiento de los peajes fue también reclamado en la jornada por el Gobierno del Principado de Asturias, que se dirigió directamente a la Comisión Europea para pedirle que continúe con el procedimiento de infracción abierto por la prórroga de la AP-66 hasta su anulación definitiva.
«Sae máis barato anular a concesión que seguir pagando as bonificacións» de los peajes de la AP-9, aseguró por su parte la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, para quien las tarifas de Audasa «son unha inxustiza e unha ilegalidade». Pontón, que rechaza que haya que pagar el posible lucro cesante a la concesionaria si se le revoca el contrato, dijo no entender por qué el PSOE defiende en Europa la prórroga concedida por el PP.
Un proceso que arrancó en el 2019 y que puede retrasarse a la próxima década
Cuando el Tribunal Europeo de Justicia instó al Gobierno de Italia a anular la prórroga de la concesión de la autopista explotada por la Società Autostrada Tirrenica pA, abrió una ventana a la que se asomó la asociación de consumidores En Colectivo, dispuesta a llegar hasta el final para acabar con los peajes en la AP-9.
Denuncia
2019. La sentencia sobre la autopista italiana lleva a la plataforma viguesa a denunciar las prórrogas concedidas a la AP-9 por los Gobiernos de Felipe González (10 años) y José María Aznar (25 a mayores). Seguros de que Bruselas seguirá la jurisprudencia del caso de la autopista Livorno-Grosseto-Civitavecchia, En Colectivo se lanza a preparar una reclamación en masa de los usuarios del vial que han pagado peajes durante las prórrogas ilegalmente concedidas.
Carta de emplazamiento
2021. La Comisión Europea admite a trámite la denuncia y abre un procedimiento de infracción enviando una carta en la que emplaza al Gobierno de España a explicar por qué ha concedido una ampliación de la concesión de la AP-9 sin haberla sometido a concurso público, al considerar que «cambia el equilibrio económico del contrato a favor del adjudicatario».
Segundo aviso
2024. El Ejecutivo comunitario repitió su advertencia tres años después e incluyó en idéntica situación a la AP-66 (León-Campomanes). Además, no aceptó el argumento gubernamental de que la ampliación del contrato se hizo a favor de una empresa pública, como entonces era la gestora de la autopista, y no benefició, por tanto, a ninguna firma privada respecto a las demás. Bruselas declaró probado que la prórroga no fue más que una estrategia para subir el valor de la Empresa Nacional de Autopistas para privatizarla solo tres años después.
Dictamen motivado
2025. Las explicaciones dadas por el Gobierno español no han hecho variar la opinión de Bruselas. Ahora analizará la nueva contestación, y si no la estima convincente podrá abrir un proceso en el Tribunal Europeo de Justicia, que suele tardar entre cuatro y seis años en fallar en firme.
La AP-9 lleva al Supremo a definir si las autopistas pueden cobrar peajes si están obras
La AP-9 se convirtió ayer en doble frente de actualidad, al sumarse a la decisión del Ministerio de Transportes la revisión que la sala de lo Civil del Tribunal Supremo llevó a cabo del recurso de casación que la Fiscalía planteó respecto a la absolución de Audasa de haber cometido prácticas abusivas al cobrar íntegro el importe de los peajes durante los casi tres años que duraron las obras de ampliación del puente de Rande, tiempo en el que se sucedieron las restricciones y atascos en la vía. Los magistrados tuvieron que analizar, como solicitaba el Ministerio Público, si el pago de un peaje activa automáticamente o no una suerte de contrato mediante el que la empresa concesionaria queda obligada a garantizar una circulación fluida, rápida y sin riesgos de ningún tipo. Aunque según fuentes del alto tribunal los miembros de la sala llegaron a un veredicto, este no se publicará en forma de sentencia oficial de inmediato.
La tesis de la Fiscalía es que debe de considerarse que tiene que haber «una reciprocidad» entre el pago del peaje y la garantía de que la autopista podrá ser utilizada con las prestaciones íntegras de una carretera de dicha clasificación. Eso fue lo que motivó que la Fiscalía Provincia de Pontevedra interpusiese en el 2019 una demanda colectiva contra la concesionaria de la autopista por lo que consideró fue «una práctica abusiva en el cobro de los peajes entre febrero de 2015 y junio de 2018», mientras se desarrollaban las obras de Rande.
Dicha tesis fue tenida en cuenta en primera instancia por el Juzgado de lo Mercantil pontevedrés, pero el recurso planteado por Audasa con el respaldo de la Administración central fue atendido por la Audiencia Provincial, eximiendo a la concesionaria del pago de indemnizaciones a los automovilistas afectados por las obras.
La Fiscalía demandó el posicionamiento del Supremo para establecer una jurisprudencia que incumba a todas las autopistas en situaciones similares y en el caso de la AP-9, en concreto, para que abone una indemnización por el doble del importe de los peajes a los conductores y pasajeros afectados que estuviesen en retenciones superiores a los diez minutos.