Los transportistas gallegos reclaman ante el Tribunal Supremo la nulidad de las prórrogas de la AP-9
GALICIA
Fegatramer pide judicialmente la devolución de todos los peajes pagados indebidamente y cobrados por Audasa desde el 2013
19 sep 2025 . Actualizado a las 15:30 h.Los transportistas gallegos no quieren esperar a que la Comisión Europea y el Tribunal Europeo de Justicia decidan empujar legalmente al Gobierno de España a rescindir la concesión de la autopista AP-9 tras haber declarado como ilegal la última prórroga de 25 años en su explotación por parte de Audasa y que fue otorgada por el Gobierno del PP de José María Aznar en el año 2000. La junta directiva de la Federación Gallega de Transporte de Mercancías (Fegatramer), la organización más representativa del empresariado de transporte de mercancías de la comunidad, ha decidido acudir a la vía judicial a través del Tribunal Supremo para reclamar la nulidad de las prórrogas otorgadas por el Gobierno socialista de Felipe González, que le concedió 10 años más a la concesión,y el cuarto de siglo que después activaron los populares.
Los transportistas justifican dicha medida como reacción «ante la pasividad del Gobierno, tras haber transcurrido más de un lustro desde que la Comisión Europea haya señalado la ilegalidad de las prórrogas de la concesión de la AP-9». Fegatramer alude «al abuso que supone, para los transportistas de Galicia y para todos los ciudadanos gallegos el mantenimiento de los abusivos peajes en la AP-9». Será el despacho de abogados Gándara Moure el que concrete la acción judicial ante el Supremo, despacho que ya articuló y justificó ante Bruselas la denuncia que ha dado lugar a la declaración de ilegalidad de la última de las prórrogas concedidas a Audasa, que fue interpuesta por la asociación de consumidores viguesa En Colectivo.
Fegatramer añade que su objetivo, además de que sean declaradas judicialmente en España como ilegales las dos últimas prórrogas en base al dictamen de la Comisión Europea (hubo una anterior de un año de duración concedida en el Gobierno de Adolfo Suárez), también incluye la declaración de nulidad de todos los peajes cobrados por la concesionaria desde el año 2013, unos 1.923 millones de euros que le reportaron a Audasa un beneficio neto de 576,4 millones.
Los transportistas gallegos advierten que la primera prórroga castigó a los usuarios del vial para compensar a la concesionaria, entonces aún pública, por el retraso que la misma sociedad había ido acumulando en la puesta en marcha de los distintos tramos del vial Ferrol-Tui. La segunda prórroga se justificó en la ampliación de la autopista hasta Ferrol por un lado y hacia Tui en el sur y la gratuidad de la circunvalación en ese mismo eje a su paso por Vigo. «La parte más importante de la realidad es que con esta ampliación de 25 años, la Administración aumentó el valor de la autopista y la vendió por unos 1.000 millones de euros, a cuenta de los peajes a pagar por los usuarios», añade la junta directiva de Fegatramer, que ve en esa prórroga el mecanismo imprescindible para que la que la constructora Sacyr pudiese recuperar lo invertido, lo que estiman no hubiera dado tiempo si los peajes su hubiesen levantado en el 2013.
«Estas dos ampliaciones del plazo concesional vulneraron el derecho europeo y, al menos la segunda, entendemos que constituyó un fraude de ley, porque una concesión administrativa no tiene como finalidad procurar un negocio a la Administración, sino satisfacer el interés público, que es todo lo contrario a lo que parece haberse hecho en este caso concreto», comenta Fegatramer.