El Gobierno vuelve a rechazar el rescate de la AP-9 por su coste económico «milmillonario»
GALICIA
El Ministerio de Transportes argumenta el recurso contra el ultimátum de Bruselas «en defensa del interés general»
14 oct 2025 . Actualizado a las 16:52 h.El secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, José Antonio Santano, descartó este lunes un posible rescate o modificación de las concesiones de las autopistas AP-9, en Galicia, y AP-66, entre Asturias y León, por sus «implicaciones jurídicas y económicas milmillonarias». El responsable ministerial recordó que ambas cuentan con «contratos complejos», con participación de inversores internacionales, y que la rescisión o alteración no solo presenta dificultades legales, sino también «un impacto económico muy difícil de calibrar ahora».
El Ejecutivo vuelve a omitir ofrecer un cálculo estimado sobre cuál sería el coste de suspender la concesión a Audasa. El Gobierno gallego cifra el desembolso en 2.356 millones de euros, una cantidad «moito menor da que habería que pagar de aquí ao final da concesión», expuso en agosto el presidente Alfonso Rueda. El BNG cuenta con su propio estudio, que rebaja a 904,7 millones de euros revocar la concesión de la AP-9, si bien los nacionalistas descartan abonar el lucro cesante a la adjudicataria. El PSdeG, por su parte, reclamó recientemente la gratuidad total de los peajes, pero sin pedir la transferencia de su titularidad a Galicia o la suspensión de la concesión. El ministro de Transportes, Óscar Puente, llegó a situar en 6.000 millones de euros el precio total a pagar a Audasa por el vial.
Recurso a Bruselas
Durante un acto en la carretera del desfiladero de La Hermida, entre Asturias y Cantabria, respondió que el Gobierno español recurrió el ultimátum de la Comisión Europea sobre la prórroga ilegal de la AP-9 «en defensa del interés general del país». Bruselas emitió en julio un dictamen motivado en el que advertía que llevará a España ante el Tribunal de Justicia de la UE si no corrige las prórrogas concedidas a la autopista gallega y a la AP-66, al entender que se hicieron al margen de las normas comunitarias sobre contratación pública.
El secretario de Estado recordó que «los que rescatan no son los Gobiernos, son los ciudadanos», al incidir en que el coste de cualquier operación saldría «del bolsillo de la ciudadanía». Para ilustrar la situación, comparó la disyuntiva con la de una hipoteca: «Es evidente que, si uno suma las cantidades, la hipoteca te acaba saliendo más cara. Pero ¿tiene usted el dinero hoy para pagar la hipoteca?». También criticó la postura del Partido Popular, al que responsabilizó de haber ampliado en su día las concesiones. «Quizá un poco de humildad y quizá una petición de disculpas por parte de ellos vendría bien, porque son ellos los responsables de que estemos aquí», señaló.