El Gobierno saca adelante «in extremis» la Ley de Movilidad Sostenible tras llegar a un acuerdo con Podemos para que se abstenga
GALICIA
La normativa desbloquea 10.000 millones de fondos europeos para iniciativas de movilidad. Los cuatro diputados de la formación morada se abstuvieron tras arrancar a Transportes mayores controles medioambientales en el aeropuerto del Prat. En la ley se incluye el nuevo modelo de concesiones de buses estatales
08 oct 2025 . Actualizado a las 22:27 h.Con negociaciones de vértigo de última hora para lograr la abstención de Podemos, el Gobierno ha conseguido aprobar este miércoles la Ley de Movilidad Sostenible, una de las normas más relevantes de la legislatura, pues supone adaptar el modelo de transporte español a las prioridades de Bruselas en materia de emisiones y de lucha contra el cambio climático y, de esta forma, desbloquear 10.000 millones de euros de fondos Next Generation de la UE para aplicar estas políticas a nivel estatal, autonómico y municipal.
Tan solo dos horas antes de la votación, Podemos se mantenía firmen en su no a la ley, salvo que se paralizara la ampliación del aeropuerto del Prat, en Barcelona, por sus repercusiones medioambientales. Pero el Ministerio de Transportes negoció con los cuatro diputados un régimen de control medioambiental muy estricto para este proyecto, que probablemente no será del agrado del presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y que supone que las obras no empezarán antes del 2031. Estos compromisos propiciaron la abstención de la formación morada. Finalmente, hubo 174 votos a favor (PSOE, Sumar, BNG, ERC, Junts, Bildu, PNV, Coalición Canaria y los parlamentarios del grupo mixto José Luis Ábalos y Águeda Micó), 170 en contra (PP y Vox) y las cuatro abstenciones de Podemos.
El PP no logró que se aprobaran las enmiendas transaccionales sobre el mapa concesional de los autobuses estatales, que en su plan inicial suprimía 22 paradas en áreas rurales de Galicia, dejando a 130.000 gallegos sin conexión directa. No obstante, el BNG introdujo en la Comisión de Transportes una enmienda que suaviza el espíritu del plan inicial, manteniendo las conexiones en las áreas sin otras opciones de movilidad y asegurando que, si estas rutas son asumidas por las comunidades autónomas, serán compensadas económicamente. La diputada socialista gallega Patricia Otero recordó que el Gobierno «puxo enriba da mesa os recursos necesarios» para mantener esas paradas con cargo a la Xunta, «pero diante da falta de resposta do Executivo autonómico será o Estado quen se continúe encargando da súa xestión, tal e como estaba a facer ata o de agora e como se comprometeron tanto o ministro como o Secretario de Estado de Transportes».
Los populares, en cambio, consiguieron que se aprobara un plan de choque para evitar las incidencias y los retrasos en el ferrocarril, que debe ponerse en marcha dos meses después de la entrada en vigor de la Ley de Movilidad.
El ministro de Transportes, Óscar Puente, celebró en el Congreso la aprobación de una norma «que garantiza «el derecho a la movilidad de los ciudadanos». Mientras, el ministerio destacaba en un comunicado que la ley establece por primera vez la necesidad de llegar a la neutralidad climática en el sector del transporte. Introduce mecanismos para la descarbonización progresiva y, en materia de vehículos ligeros para el transporte por carretera, se apuesta por la necesidad de actualizar las etiquetas medioambientales de la DGT, teniendo en cuenta la evolución tecnológica de estos vehículos.
La nueva ley establece la obligación de que las Administraciones incentiven la movilidad activa y el transporte público colectivo, avanzando en la transformación de la ciudad de los coches en la ciudad de las personas. Además, se introduce la obligación de que los grandes centros de actividad y las empresas de más de 200 personas trabajadoras por centro, o 100 por turno, dispongan de planes de movilidad sostenible al trabajo. Las empresas podrán optar por distintas alternativas como potenciar la movilidad activa, la eléctrica, la compartida o el transporte colectivo, o bien apostar por flexibilizar los horarios de entrada y salida y el teletrabajo.
Por otra parte, el pleno del Congreso ha aprobado una proposición no de ley del PP que exige a Renfe recuperar las indemnizaciones por retrasos de 15 y 30 minutos en los AVE, que suprimió el pasado 1 de julio de 2024 para limitarlas a demoras de al menos 60 minutos.