Afecta al novio de una de las mujeres obligadas a interrumpir su embarazo para no tener un bebé
19 jun 2011 . Actualizado a las 06:00 h.La lista de delitos e imputados en la operación Carioca va creciendo paulatinamente. Esta misma semana, la responsable de la investigación, Pilar de Lara, imputó un delito de aborto y otro de malos tratos a A.P.C., un hombre que ya figuraba en la investigación. Esta persona estuvo relacionada con una de las mujeres que trabajaba en el club de alterne Queens y que, presuntamente, fue obligada a interrumpir su embarazo, a pesar de manifestar su deseo de dar a luz a su bebé.
En una providencia, la magistrada, además de informar de la imputación, destaca que la afectada declaró que abortó como consecuencia de las intimidaciones y amenazas sufridas por parte del que era su pareja (el ahora imputado) y también de, José Manuel García Adán, dueño del prostíbulo en el que ella trabajaba y principal cabecilla de la trama puesta al descubierto durante la investigación.
La magistrada destaca que fue el ginecólogo Carlos Abuín Mosteiriz quien, presuntamente, practicó al aborto. Asimismo, amparándose en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, expresa que procede la inhibición de las actuaciones al Juzgado de Instrucción número 3 para que continúe con las actuaciones sobre el aborto.
La instructora del caso plantea, a su vez, que sea informado el ministerio fiscal de la situación y las representaciones procesales de los afectados para que puedan efectuar las alegaciones que estimen oportunas.
Alegaciones
Tanto en el caso referido a la imputación del que fuera compañero sentimental de una de las mujeres que fueron obligadas abortar como en el referido a la petición de nulidad de actuaciones con respecto al ginecólogo Carlos Abuín Mosteiriz, las partes tenían de un plazo de cinco días para realizar las alegaciones oportunas.
La jueza no tuvo en cuenta la petición de la representante legal del ginecólogo en el sentido de sobreseer las actuaciones. Es más, en un auto destaca que, aún cuando las interrupciones del embarazo se hubieran realizado en las primeras semanas de gestación, la conducta del profesional podría ser castigada con una pena de multa de 6 a 12 meses y la inhabilitación para prestar servicios de toda índole en clínicas, establecimientos o consultorios ginecológicos.
Durante la semana que empieza mañana pasarán por el juzgado en calidad de imputados los responsables de las fuerzas de seguridad en la provincia. Primero lo hará mañana, a partir de las diez, el teniente coronel Gonzalo Borrás Formoso, el responsable de la comandancia de la Guardia Civil de Lugo.
El miércoles, por su parte, prestará declaración Maximino Losada, que fue comisario de policía en Lugo hasta el pasado mes de mayo.