Un informe de la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (APLU) acaba de disponer la suspensión de la actividad de la empresa Erimsa en Begonte. Las razones de la decisión, que ayer comunicó la Asociación para a defensa ecolóxica de Galicia (Adega), están en la falta de autorización autonómica y de licencia municipal y en la ubicación de las instalaciones, situadas en suelo de especial protección y en el Lugar de Interese Comunitario (LIC) Parga-Ladra-Támoga, que forma parte de la Red Natura.
Sin embargo, la decisión de la mencionada agencia, que actuó tras una denuncia presentada por Adega en junio del 2009, no suscitó solo reacciones favorables en dicho colectivo, que criticó que se hubiesen necesitado casi dos años para concluir el informe.
Por otra parte, en el informe se deja abierta la puerta a la legalización de la actividad, cuestión que Adega censura por considerar precisamente que la ubicación lo impide. Daniel López Vispo, en nombre de Adega, rechazó ayer esa teoría: por el contrario, sostuvo que la legalización solo sería posible con la autorización de la Unión Europea y que deberían de presentarse debidamente justificadas las razones que la defendiesen.
«Inaceptable privilexio»
Por otra parte, Adega cree que el punto de vista de la administración tolera en este caso un «inaceptable privilexio» que favorece a la actividad minera frente a otros ciudadanos, al permitir actuaciones que resultan «totalmente contrarias á legalidade vixente».
Al referirse a los casi dos años transcurridos entre la presentación de la denuncia, tramitada ante el Juzgado de Vilalba, y la resolución de la APLU, Adega sospecha que el informe de ese último organismo «pretende salvar a responsabilidade» de la Xunta y de Erimsa en este asunto.