El fiscal ve indicios de «contrato civil criminalizado» en su actuación
24 may 2013 . Actualizado a las 07:00 h.La jueza titular del juzgado de primera instancia e instrucción de Sarria admitió a trámite el recurso de forma impuesto por el ministerio fiscal en el que descarta el sobreseimiento de un caso por presunta estafa de la concejal del Concello de Sarria, Patricia Castro, y su marido, Jorge Armesto al consideran «precipitado» decretar el archivo provisional de las actuaciones.
El fiscal señala que el caso podía ser un «contrato civil criminalizado» por lo que considera necesario que se tome declaración a los denunciados con el fin de conocer el verdadero propósito de los mismos en el momento de la celebración del contrato.
Esta determinación del juzgado se fundamenta esencialmente en el exhaustivo informe que realizó un equipo de la policía judicial de Lugo en cuyas conclusiones ya imputaba judicialmente a Patricia Castro.
La edila y su esposo tendrán que declarar como imputados el próximo día 7 a partir de las once de la mañana en el juzgado sarriano. El resto de personas que tendrán declarar en el juzgado como testigos, vecinos y técnicos, lo harán el 12 de junio a partir de las diez de la mañana.
Declarantes
El juzgado aceptó la solicitud del fiscal para que reciba declaración en calidad de imputados de los denunciados y testifical de los restantes compradores de las viviendas de la urbanización objeto de investigación. Solicitan también un informe a la empresa eléctrica Unión Fenosa sobre si los denunciados llevaron a cabo algún tipo de actuación destinada a dotar de suministro eléctrico a las viviendas en construcción. Solicitan a Patrimonio que compruebe si la obra aludida en la denuncia no es autorizable por estar ubicada en el Camino de Santiago. El Concello de Sarria también tendrá que aportar los expedientes que se mencionan en la denuncia.
La imputación es la segunda que tendrá que afrontar la concejala sarriana por la misma obra, la urbanización de chalés de la zona de Cimo da Agra. La primera es por unas presuntas obras ilegales realizadas en la vivienda de su propiedad y la declaración está fijada para el próximo viernes día 31 a las 10.30 horas.