Los testimonios arrinconan a Liñares: «Le entregué más de 20.000 euros en mano en varias ocasiones»
LUGO
El exconcejal y ex presidente de la Confederación Hidrográfica está acusado de cohecho y prevaricación, al igual que otros nueve acusados
23 feb 2021 . Actualizado a las 18:10 h.Francisco Fernández Liñares se enfrenta hoy a la primera jornada del juicio por el supuesto cobro de sobornos a cambio de adjudicaciones públicas cuando era presidente de la Confederación Hidrográfica , después de finalizar su período como concejal de Economía en Lugo. Liñares, acusado de cohecho y prevaricación, llegó a la Audiencia Provincial de Lugo poco después de las nueve y media de la mañana. Tanto su abogado, Evaristo Nogueira, como el propio Liñares, evitaron hacer declaraciones antes de entrar a la Audiencia para celebrar la primera vista de la pieza central de la Operación Pokémon.
El abogado de Liñares, nada más empezar el juicio, declaró que solicita la «nulidad de todo el procedimiento», ya que considera que son demasiadas las irregularidades del proceso iniciado por la jueza Pilar de Lara. Principalmente, por el encarcelamiento preventivo de su cliente en otoño del 2012, ya que «llegó a declarar cuatro veces en situación de privación de libertad, y no todo vale». También piden la nulidad de las escuchas telefónicas presentadas por la acusación, amparándose en recursos anteriormente presentados.
Denuncia que Liñares fue «presionado psicológicamente» para declarar, estando ya detenido, «en la trastienda de un bar de Santa Comba», por lo que pide la nulidad del proceso «hoy mismo». Según su abogado, la «falta de validez» de las pruebas presentadas «debería ser» suficiente para que el proceso decayese.
La Fiscalía recordó que las declaraciones de Liñares, motivo central de la petición de nulidad, son «muy posteriores a la investigación», por lo que no es un acto personal que podría servir para una nulidad, sino un «testimonio espontáneo y libre». Según el fiscal, el acusado tenía total libertad para decidir hablar o mantener su reserva, pero decidió hacer «unos comentarios a los agentes que le custodiaban tras haber sido asesorado por su abogado, sin ningún tipo de presión externa».
Además, le pidió explicaciones a la defensa de Liñares tras haber esta pedido la nulidad de las escuchas telefónicas, ya que en ningún momento explicaron por qué la solicitaban. Además, acusa a las defensas de presentar «alegaciones genéricas, sin concreción y sin especificar muchos de los detalles».
Tras un receso, el tribunal rechazó las peticiones de nulidad de las defensas, al considerar que la declaración de Liñares en la trastienda de un bar no fue un «acto procesal», sino un acto «policial», por lo que no pueden ser declaradas como nulas. Sin embargo, aceptó declarar como nulas todas las declaraciones realizadas desde las 72 horas posteriores a su detención, es decir, a partir del 23 de septiembre del 2012. Por lo tanto, el tribunal acepta solo parte de la solicitud, pero considera válido todo el caso antes de esas declaraciones y todo lo de después siempre que no se base en esas declaraciones.
Testimonios
Liñares, que fue el último en declarar, negó todos los hechos que le pudieran incriminar durante los años en los que estuvo al frente de la Hidrográfica. «Nunca recibí un pago a cambio de una concesión. Lo que las empresas pudieran acordar previamente yo ya no lo sé, porque mi misión era la de adjudicar las obras, nada más». Explicó ante el juez, solo respondiendo preguntas de tu abogado, que nunca tuvo un trato de favor hacia los empresarios imputados junto a él. Además, hizo mucho hincapié durante su turno en que su detención y los registros de sus viviendas fueron «de una violencia extrema», y que incluso llegó a temer que «tirasen abajo» su casa. Asegura que se faltó a sus derechos durante los primeros días, ya que no se respetó la posibilidad de comunicarse con un familiar ni la de comenzar los registros en presencia de un abogado.
Uno a uno, los testimonios del resto de acusados fueron certificando uno de los miedos de Liñares: Que, efectivamente, habían aportado un dinero fuera del proceso de adjudicación dirigido al exconcejal como «favor» tras las concesiones.
El primer empresario reconoce que le entregó un dinero al propio Liñares tras haberle pedido este una cantidad concreta «para un amigo que lo necesitaba», sin más explicaciones.
Manuel Santiso, el segundo, admitió que habló con las otras empresas que aspiraban a la concesión y que conocía su situación, pero no que amañó el proceso para seleccionar de forma artificial la adjudicataria. Definió las cantidades entregadas a Liñares como «un detalle» tras las concesiones recibidas.
El tercero, el señor Río Maciñeiras, explicaba que le dio esta cantidad a Liñares a través de un tercero como gratificación por las adjudicaciones a su empresa: «Por algo le di el dinero, claro».
Antonio Díaz Pérez, el cuarto, recibió seis adjudicaciones desde la Hidrográfica. «Francisco [Liñares] nos decía que había unas obras y nos indicaba qué cantidades debíamos poner», cuenta. Aclaró, además, que le entregó una cantidad al exconcejal, y certificó que eran como agradecimiento por las concesiones, y que era el propio Liñares quien les indicaba la cantidad a entregar previamente.
Daniel Blanco, otro empresario, reconoció haberle entregado más de 20.000 euros en varias ocasiones a Liñares, en mano y directamente a él, «tras alguna obra», porque «él me lo pidió, pero sin indicarme una cantidad». Además, en escuchas telefónicas, se les oye hablar de un gran trabajo en una de sus fincas, la cual llevó casi cinco meses realizar, y por la que solo le cobró entre 2.000 y 3.000 euros, una cifra mucho más baja que la habitual, según el fiscal. De todas formas, Blanco decía no recordar la inmensa mayoría de los detalles por los que se le preguntaban.
La única nota discordante la puso otro empresario, Julio Franco, que negó haberle pedido nada a Liñares ni haber cobrado ningún dinero por favores. Dice ser inocente y que jamás presionó al exconcejal para obtener un beneficio ilegal.
El séptimo acusado, Manuel Álvarez, reconoce que en una ocasión le entregó un sobre con dinero a Liñares tras una adjudicación: «Se pactaba una cantidad y se le entregaba en mano tras la concesión». Reconoció conocer las intenciones de las empresas competidoras y una puja artificial por la adjudicación.
El octavo, José Marcos Martín, explicó que había realizado dos pagos en mano, de 15.000 euros en total, tras haber recibido dos adjudicaciones por parte de Liñares. Una de ellas fue de asignación directa, por lo que no tuvo que salir a concurso, pero la otra se produjo tras un proceso en el que compitió con otras empresas.
El último de los empresarios, Manuel Ángel Pico, reconoció haber entregado alrededor de 15.000 euros en varias entregas, a cambio de unas concesiones por parte de la Hidrográfica. Sabía cuánto iban a aportar las otras empresas, por lo que el concurso era artificial, y se repartían las obras «siempre entre los mismos». Dice que se entendía, de forma velada, que eran pagos a cambio de conseguir algún contrato.
Según parece, la contundencia de los testimonios podría indicar algún acuerdo con la Fiscalía por parte de los acusados. A buen seguro menos de dos años de prisión, para evitar entrar en ella.
Alrededor de las 14.20 de la tarde de este martes, finalizó la vista, que se retomará a las 10.00 del miércoles, tras haber declarado ya todos los acusados. Los próximos días será el turno de los agentes que le detuvieron, peritos y demás testigos.