Los tres escritos de acusación del Caso Desirée piden la prisión permanente y se cierra la fase de diligencias
LUGO
La «prisa» de la jueza para avanzar de fase y no permitir la aportación de más pruebas causó malestar en la acusación
06 mar 2021 . Actualizado a las 20:04 h.Este viernes, el procedimiento del caso Desirée dio un paso de gigante hacia la celebración del juicio por el asesinato de la pequeña. La hija de José Manuel Leal, de solo siete años, falleció el tres de mayo del año 2019, presuntamente a manos de su madre —en prisión preventiva—, que la asfixió en su cama. Casi dos años después y tras un largo proceso de diligencias y aportación de pruebas, la nueva jueza del caso, comandado desde los juzgados de Vilalba, se ha apresurado en avanzar en el procedimiento y preparar un juicio que se aproxima cada vez más. Según fuentes cercanas a la acusación, esta vista se podría establecer en una fecha que se cierna sobre el próximo otoño.
A pesar de las quejas tanto de la fiscal del caso como de las acusaciones: la popular, encabezada por la Fundación Amigos de Galicia, y la particular, el padre de Desirée; la jueza decidió dejar atrás la fase de diligencias y dar paso a la parte anterior al establecimiento de la fecha del juicio. A pesar de que hace unas semanas y en una rueda de prensa, el abogado de Leal, José Manuel Ferreiro, explicaba que lucharían hasta el último día para que la jueza aceptase más diligencias —como la exposición del análisis de uno de los teléfonos móviles y una tableta electrónica de la madre—, parecen haberse rendido.
Con la presentación de los escritos de acusación de la Fiscalía, de la acusación particular y de la acusación popular, esta fase queda oficialmente atrás y el establecimiento del juicio es ya inminente. Siguiendo lo previsto, los tres escritos pedirán la prisión permanente revisable para Ana Sandamil, la madre de la pequeña Desirée Leal y principal sospechosa de su muerte. Las tres acusaciones coinciden en su petición de pena, con argumentos como que la madre «procedió a ejecutar un plan preconcebido para acabar con la vida de la menor», sosteniéndose en las pruebas recogidas en la investigación del caso, como la causa de la muerte de la pequeña y la presunta intención de la acusada de «limpiar el escenario del crimen».
Además, se pide también una indemnización de 120.00 euros según la acusación particular, y de 300.000 euros según la fiscal y la acusación popular.
