Reclaman 435.000 euros y tres años de cárcel a dos sarrianos que «fueron víctimas de la crisis económica», según un asesor
LUGO
Uno de los acusados fue calificado por Hacienda como «deudor» en otras cuatro empresas de su propiedad, y se defendió en el juicio diciendo que «todos los asuntos burocráticos los llevaba la gestoría»
09 abr 2022 . Actualizado a las 05:00 h.Un error del encargado de la gestoría habría sido la causa de un fraude a la Seguridad Social perpetrado por una empresa de Sarria entre los años 2014 y 2018. Al menos, esa es la versión que aportó este viernes uno de los acusados, un empresario de la localidad lucense que se dedicó a la construcción durante gran parte de su vida laboral. Ahora, se enfrenta junto a una socia a tres años de prisión, a una multa de 300.000 euros y a una indemnización de 135.000 por un presunto fraude a la Seguridad Social.
El juicio se celebró en la mañana de este viernes en la Audiencia Provincial de Lugo. En la sesión, se sentaron en el banquillo dos vecinos de Sarria, cuyas empresas colaboraron durante varios años de la década pasada en el sector de la construcción.
Según el escrito de acusación de la Fiscalía, «en fecha 16 de enero del 2012, en una operación ficticia, el encausado transmitió 3.006 participaciones sociales a la empresa de su socia, dándose de alta como trabajador por cuenta ajena el 20 de enero del 2012, declarándose en múltiples ocasiones en situación de incapacidad temporal, pretendiendo que el pago fuera sumido por la mutua, cuando en realidad era él quien ejercía las funciones de dirección».
Pasó de ser un autónomo a un empleado asalariado, algo que no permite la ley, ya que él figuraba como administrador de la empresa.
«Ambos encausados, desde julio del 2014 hasta el mismo mes del 2018, de forma consciente y guiados del ánimo de defraudar a la Seguridad Social, no abonaron las cuotas correspondientes de sus trabajadores. Como consecuencia de ello, la deuda vigente exigible e impagada por parte de la entidad asciende a 135.160,48 euros, desde julio de 2014 hasta la actualidad», afirma el escrito.
Uno de los acusados culpó a la gestoría
El acusado defendió su inocencia en el juicio, alegando que «nunca tuve noticia de la Seguridad Social, ni un aviso», e insistiendo en que los asuntos burocráticos de la compañía «los controlaba la gestoría», ya que él se dedicaba «a trabajar, no a hacer números».
Con respecto a las cuatro bajas médicas que cogió en un plazo de apenas dos años, el denunciado explicó que sufrió dos accidentes de coche «que me dejaron muy tocado». Admitió, sin embargo, continuar asesorando a la compañía mientras estaba de baja. «¿Qué iba a hacer? ¿Dejarla irse por la alcantarilla?», añadió ante el tribunal.
El abogado de la Tesorería General del la Seguridad Social, que reclama casi 135.000 euros de indemnización, cuestionó la versión del acusado presentando varios documentos, en los que se afirmaba que el empresario fue declarado como «deudor» por Hacienda en, al menos, otras cuatro empresas que había administrado a lo largo de su carrera profesional. En todas ellas había contraído deudas con la Seguridad Social, alguna de ellas que alcanzaba los 328.000 euros.
Su socia, acusada de los mismos delitos, se negó a testificar este viernes, por lo que guardó silencio y no llegó a dar su versión.
«El administrador dio prioridad en los pagos a los trabajadores y a los proveedores»
Especialmente duro para los intereses de los acusados fue el testimonio de uno de los asesores que trabajaron con sus empresas en aquella época. El testigo negó la versión del empresario sarriano, y afirmó que la Seguridad Social sí contactó con ellos en varias ocasiones, advirtiéndoles de pagos pendientes. «El administrador dio prioridad a pagarle a los trabajadores y a los proveedores y no a la Seguridad Social. Puede ser más o menos reprochable, pero lo cierto es que era una práctica habitual», explicó.
Ante las preguntas del abogado de los acusados, eso sí, afirmó que podrían ser, en parte, víctimas: «Aquellos fueron unos años muy duros a nivel financiero para todos. Esta empresa no podía hacer frente a todos los pagos y se prefirió cumplir con trabajadores y proveedores y no con Hacienda. Nunca llegaron a cobrar obras que sí se habían hecho, por ejemplo. Los administradores de las compañías implicadas fueron, en parte, víctimas de la crisis económica».
El futuro de los dos empresarios está ahora en manos del tribunal de la Audiencia. Los acusados se enfrentan a tres años de prisión, a una multa de 300.000 euros —aportada de forma conjunta y solidaria por ambos— y a una indemnización de 135.000.
