Condenado a dos años de cárcel un sarriano que creó un entramado empresarial para estafarle 134.000 euros a la Seguridad Social
LUGO
Tendrá que pagar una multa de 268.000 euros, además del reintegro de la cantidad defraudada. Una socia fue absuelta tras concluir la Audiencia que no cometió acto delictivo alguno
19 may 2022 . Actualizado a las 18:34 h.El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) anunció este jueves que la Audiencia Provincial de Lugo emitió una sentencia que condena al administrador de una empresa de construcciones de Sarria a dos años y medio de prisión por un delito contra la Seguridad Social. Según el tribunal, la compañía contrajo una deuda de 134.353 euros entre los años 2014 y 2018 al no «pagar las cuotas a que venía obligada por Seguridad Social, patronal y obrera», algo de lo que acusa al condenado, que actuó «de forma consciente y con la intención deliberada de defraudar».
Además de la pena de prisión, los magistrados también le imponen una multa de 268.707 euros y deberá indemnizar a la Tesorería General de la Seguridad Social. Tendrá que reintegrar, también, la cantidad estafada.
Según el escrito de acusación de la Fiscalía, el acusado, J. M. V., dueño de varias empresas de construcción en la zona de Sarria, «en fecha 16 de enero del 2012, en una operación ficticia, el encausado transmitió 3.006 participaciones sociales a la empresa de su socia, dándose de alta como trabajador por cuenta ajena el 20 de enero del 2012, declarándose en múltiples ocasiones en situación de incapacidad temporal, pretendiendo que el pago fuera sumido por la mutua, cuando en realidad era él quien ejercía las funciones de dirección». Pasó de ser un autónomo a un empleado asalariado, algo que no permite la ley, ya que él figuraba como administrador de la empresa. Además, controlaba la empresa aún en las muchas ocasiones en las que cogió la baja por enfermedad.
Durante el juicio, él se defendió, afirmando que había sido el notario de la gestoría quien había rellenado de forma errónea los documentos entregados a la Seguridad Social. El abogado de la Tesorería General, que reclamaba casi 135.000 euros de indemnización, cuestionó la versión del acusado presentando varios documentos, en los que se afirmaba que el empresario fue declarado como «deudor» por Hacienda en, al menos, otras cuatro empresas que había administrado a lo largo de su carrera profesional. En todas ellas había contraído deudas con la Seguridad Social, incluida alguna que alcanzaba los 328.000 euros.
Un testigo, que trabajó como contable para alguna de las empresas del ahora condenado, negó la versión del empresario sarriano, y afirmó que la Seguridad Social sí contactó con ellos en varias ocasiones, advirtiéndoles de pagos pendientes. «El administrador dio prioridad a pagarle a los trabajadores y a los proveedores y no a la Seguridad Social. Puede ser más o menos reprochable, pero lo cierto es que era una práctica habitual», explicó.
En un principio, la Fiscalía acusó a una socia del ahora condenado. Para ella, pedía tres años de cárcel por administración desleal. Sin embargo, el fiscal retiró la acusación ya durante el juicio y el tribunal acordó su absolución, al considerar que «no realizó actos típicos ni tampoco de participación en el hecho ajeno. Solo tuvo participaciones de la entidad mercantil». Contra la sentencia cabe presentar recurso.
