El Tribunal Supremo absuelve al funcionario de Extranjería de Lugo condenado en la Operación Carioca

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El departamento de extranjería fue registrado en el 2009 en el marco de la operación carioca.
El departamento de extranjería fue registrado en el 2009 en el marco de la operación carioca. pradero< / span>

La Audiencia Provincial lo había suspendido de empleo y sueldo año y medio, así como al pago de una multa económica

13 dic 2023 . Actualizado a las 14:18 h.

El Tribunal Supremo ha absuelto al funcionario de Extranjería de Lugo y abogado particular, Germán Pumares, que había sido condenado por la Audiencia Provincial de Lugo por un delito de negociaciones prohibidas a funcionarios en una de las piezas de la conocida como Operación Carioca.

El Tribunal Supremo ha aceptado el recurso interpuesto por la defensa de este funcionario, sentenciado en su momento por la Audiencia Provincial de Lugo a una suspensión de empleo y sueldo de año y medio, así como al pago de una multa económica.

En la sentencia, facilitada a la prensa este miércoles, el Supremo considera que «el pronunciamiento de condena se basa en inferencias demasiado abiertas, insuficientes para desvirtuar la presunción de inocencia» del funcionario, de forma especial cuando «queda margen de ilegalidad administrativa por exceso de la legislación sobre incompatibilidades».

No existen pruebas

El alto tribunal considera que no existen pruebas de que este funcionario de Extranjería, en su faceta de abogado particular, hubiese asesorado a sus clientas de forma expresa sobre expedientes oficiales relacionados con su trabajo en la Administración.

De hecho, en cuanto a las grabaciones de conversaciones telefónicas que figuraban en la causa como prueba de cargo, señala que «ninguna de las transcritas, por sugerentes que puedan resultar, evidencian por su propio contenido que afectaran a asuntos tramitados en las dependencias de Extranjería de Lugo en la que el recurrente prestaba sus servicios como funcionario».

La Carioca, en el 2008

La Operación Carioca se remonta al año 2008. Fue el resultado de una investigación dirigida por la que entonces era titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Lugo, Pilar de Lara, para aclarar la supuesta relación entre algunos miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado con el mundo de la prostitución en la provincia.