El BNG pide a la Xunta endurecer la vigilancia en el sector primario para evitar casos de explotación como el de Begonte

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La redada de la Guardia Civil en Baamonde se produjo el pasado verano
La redada de la Guardia Civil en Baamonde se produjo el pasado verano GUARDIA CIVIL

La diputada Montserrat Valcárcel pidió a la Administración gallega que se asegure del cumplimiento de la normativa en las empresas agroganaderas

05 mar 2025 . Actualizado a las 17:23 h.

La diputada del Bloque Nacionalista Galego (BNG) Montserrat Valcárcel instó este miércoles al Gobierno de la Xunta a adoptar medidas urgentes para evitar casos de explotación laboral de inmigrantes en Galicia, como el descubierto recientemente en una finca de Begonte dedicada al cultivo de arándanos.

Según reveló la Guardia Civil el pasado mes de enero, en esta explotación trabajaban 82 inmigrantes en condiciones precarias. Valcárcel denunció que estas personas estaban sometidas a «unhas condicións laborais e de vida que estaban moi lonxe de chegar aos mínimos exixidos pola normativa e pola dignidade humana». La mayoría de los trabajadores provenían del sur de España y eran contratados por una empresa de trabajo temporal de Sevilla.

La diputada del BNG preguntó en la Comisión de Agricultura por las medidas que la Administración gallega está adoptando para prevenir situaciones como la sufrida por estos temporeros, mayoritariamente de origen africano. Recordó, además, que estos jornaleros eran alojados en un antiguo hotel en Ordes sin licencia de hostelería, por el que debían pagar una tarifa diaria, además de otro pago por el desplazamiento al campo.

Valcárcel calificó la situación de estos trabajadores como «moi grave» y denunció la existencia de «unha trama empresarial dedicada a facilitar a contratación irregular de xornaleiros». Según destacó, esta problemática no es nueva, ya que las primeras denuncias datan del año 2015. Además, recordó que en el 2021 este asunto fue objeto de debate en el Parlamento gallego tras la muerte de un trabajador de Surexport, la empresa andaluza que gestionaba las fincas en aquel momento.

El BNG alertó también sobre el impacto de este modelo de explotación agrícola-industrial en los productores locales, quienes «se viron expulsados dos andeis dos supermercados por causa da competencia ilegal e desleal». Además, Valcárcel subrayó que este caso de Begonte es un «exemplo concreto e dramático da grave situación de indefensión» de los inmigrantes que trabajan en condiciones de irregularidad administrativa.

Por todo ello, la diputada nacionalista exigió la adopción de medidas específicas para proteger los derechos laborales de los trabajadores agrícolas, haciendo hincapié en el control de sus condiciones de alojamiento y salud. Aunque reconoció que la inspección laboral corresponde al Estado, instó a la Xunta a ejercer su responsabilidad a través del Instituto de Seguridade e Saúde Laboral, asegurando el cumplimiento de la normativa y garantizando condiciones dignas para los trabajadores.