El rechazo a la tasa por saca de madera en la comarca de Meira llega a la Valedora do Pobo
MEIRA
Dos colectivos piden que se explique por qué se rechazan su alegaciones
08 may 2021 . Actualizado a las 05:00 h.El rechazo a la ordenanza por saca de madera aprobada en meses pasados por seis municipios de la comarca de Meira -el meirense, Pol, Ribeira de Piquín, A Pontenova, Riotorto y A Pastoriza- ha llegado a la Valedora do Pobo. La sociedad forestal (Sofor) Monte de Candedo mandó un escrito en días pasados, que se une al enviado, hace unas semanas, por la asociación vecinal de A Órrea. El primero ya fue admitido a trámite.
En los dos escritos se pide que la Valedora se dirija a los ayuntamientos para que respondan a los escritos registrados en contra de la ordenanza. Contra esa normativa municipal se presentaron alegaciones, que fueron desestimadas; pero ni la asociación de vecinos de la citada parroquia riotortense ni la sociedad forestal se dan por satisfechos con esa decisión. Lo que demandan, por el contrario, es que los concellos ofrezcan razones de por qué han aprobado esta medida.
La tasa recoge que los maderistas paguen 0,60 euros por tonelada cortada. Los cálculos de dueños de monte de la zona apuntan a una repercusión de 300 euros por hectárea, pero además temen que el coste acabe repercutiendo en sus ingresos: opinan que si una empresa debe pagar esa cantidad, ofrecerá un precio menor a los propietarios o incluso acabará desapareciendo su interés por cortar madera en esos montes.
La asociación de vecinos de A Órrea presentó alegaciones en los concellos de Riotorto, A Pastoriza, Meira y A Pontenova, ya que gente de la parroquia tiene monte en esos cuatro municipios. La Sofor Monte de Candedo las presentó en los ayuntamientos de Riotorto, Meira y A Pastoriza, que son los municipios en los que tienen propiedades sus miembros. La sociedad está formada por unos cien dueños de terreno forestal, y sus montes tienen una extensión total de unas 280 hectáreas.
Acudir al Valedor do Pobo puede ser el último paso dado por esas dos entidades en su rechazo a la tasa, ya que, según las impresiones facilitadas, acudir a otras instancias e iniciar la vía judicial implicaría un coste económico. De todos modos, lo que hay en el fondo es el temor a que la aprobación de la tasa reduzca la actividad forestal y acabe propiciando el abandono de terrenos que difícilmente tendrían uso si no estuviesen plantados.
La postura de los concellos, por el contrario, es distinta. Cuando la ordenanza estaba en fase de tramitación y ya se notaba el rechazo de dueños de monte, alcaldes como el de A Pastoriza, Primitivo Iglesias, o el de Ribeira de Piquín, Roberto Fernández, manifestaron que se trata de una medida necesaria para poder cuidar las pistas. Los dos subrayaron que no se buscaba un ataque a la actividad forestal en esos municipios.
La ordenanza de Viveiro, un ejemplo visto con interés
Las dos asociaciones que se han dirigido a la Valedora do Pobo creen que la ordenanza forestal elaborada recientemente por el Concello de Viveiro es un modelo a seguir. Las empresas interesadas en sacar madera deberán anotarse en un registro, presentar un aval bancario de 50.000 euros y detallar los vehículos y la maquinaria que emplearán, entre otras obligaciones. También se comprometen a reparar posibles daños causados.