El Concello de Sarria quiere que la nueva ingeniera municipal se encargue del contrato privado de la luz

Uxía Carrera Fernández
U. CARRERA LUGO / LA VOZ

SARRIA

Concello de Sarria
Concello de Sarria ALBERTO LÓPEZ

El gobierno local lo propondrá en pleno y tendrá que ser aprobado por mayoría

26 mar 2022 . Actualizado a las 05:00 h.

El gobierno local de Sarria llevará al pleno de este mes la propuesta de designación del responsable del contrato del suministro eléctrico, adjudicado a una empresa valenciana en el 2020 por 13,5 millones de euros. La persona propuesta es la ingeniera industrial municipal, cuyo puesto se creó por primera vez en el Concello este año. «Levamos meses preguntando por que creaban unha praza de funcionario A1, agora xa sabemos que é por culpa da escandalosa privatización eléctrica que hipoteca Sarria», criticó el PP.

Tanto el nuevo contrato de suministro eléctrico como la inédita plaza de ingeniero industrial causaron fueron criticadas por el grupo popular y el PSOE. La empresa encargada del suministro y contratación de la luz de Sarria es Monrabal, una empresa valenciana.

El Concello se acogió en el 2020 a las ayudas del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) para cambiar la iluminación pública a bombillas led, y así ahorrar y reducir la contaminación. El IDAE subvenciona el 80 % de la compra del material y el cambio, y los Ayuntamientos, el 20 %. El gobierno sarriano, además, aprovechó para entregar el servicio a la compañía privada, con un contrato para los próximos 20 años por 13,5 millones. Garrido, en su momento, alegó que así se reducía el coste para el Concello. Sin embargo, para la oposición supone «hipotecar a Sarria», sobre todo porque el canon que el Concello paga a la empresa no tiene en cuenta el futuro ahorro de las luces led. Además, el PSOE había interpuesto dos recursos en el Juzgado de lo Contencioso porque la adjudicación se hizo en una comisión extraordinaria avisada por el alcalde Garrido con cinco minutos de antelación. Es decir, emitió un decreto de alcaldía en vez de llevarlo a pleno.

Para controlar este contrato, el Concello propondrá a la recién incorporada ingeniera industrial. Este nuevo puesto también fue criticado por la oposición, por aumentar la partida de personal en casi 60.000 euros sin aclarar en primer lugar por qué era necesaria su contratación. Además, supondría que al privatizar un servicio no sería necesario un puesto municipal como responsable del contrato.