El Tren Maya, que unirá cinco estados del sur a lo largo de 1.500 kilómetros, se enfrenta a la oposición de las comunidades indígenas, grupos políticos y colectivos ecologistas
19 dic 2021 . Actualizado a las 05:00 h.El Tren Maya es uno de los proyectos estratégicos del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador. La megaobra, que unirá cinco estados del sur del país a lo largo de unos 1.500 kilómetros, avanza ante las demandas de varias comunidades indígenas de la zona y de las críticas de la oposición y grupos ambientalistas. «Es una obra espléndida», presumió el líder progresista hace unas semanas, cuando visitó el proyecto, que podría llegar a costar unos 9.000 millones de euros y que fue pensado en clave turística, a pesar de que el 70 % de los futuros ingresos de explotación se recaudarán por transporte de carga.
«En toda la ruta del Tren Maya hay cenotes, selva con flora y fauna tropical, playas, ríos, lagunas y los sitios arqueológicos más importantes del mundo por su arte, ciencia y cultura», abundó el presidente, destacando un proyecto que planea finalizar en el 2023 y ya ha completado un cuarto de su desarrollo, acumulando, eso sí, un retraso de unos cinco meses.
Pero no todo marcha viento en popa para López Obrador. El proyecto se ha encontrado con mucha oposición. Varias comunidades de la ruta por donde pasará el tren han interpuesto denuncias por una falta de consulta adecuada, violación del derecho de vivienda y deficientes valoraciones catastrales.
El Centro Mexicano de Derecho Ambiental asegura, por su parte, que la infraestructura supone la tala de árboles en zonas protegidas, la fragmentación de ecosistemas, la puesta en peligro de especies de gran valor y una potencial depauperación de cuerpos de agua al paso del proyecto.
Los detractores del ferrocarril critican, además, que el 90% de las licitaciones se han otorgado de forma directa. Al menos 25 recursos de amparo legal se han interpuesto ya ante la construcción del Tren Maya. Una de las comunidades de la zona consiguió incluso la suspensión de las obras del segundo tramo del proyecto.
Pero esto podría no volver a ocurrir. El Gobierno decretó hace unas semanas sus principales obras como «asuntos de interés público» y «seguridad nacional», lo que implica un blindaje legal para evitar nuevos recursos y otros retrasos administrativos. La iniciativa de López Obrador incluye también otros tres megaproyectos: el aeropuerto de Santa Lucía, la refinería de Bocas del Toro y el corredor interoceánico del istmo de Temantepec.
El presidente justificó la decisión en la necesidad de que «no se detengan las obras» y «que se pueda dar la confianza a las instituciones y a las empresas que están trabajando en el Tren Maya para que los trámites que tienen que hacer para la realización de las obras sean más rápidos».
El grupo opositor, formado por el PRI, el PAN y el PRD, ya ha anunciado que impugnarán el decreto, criticado también por organizaciones civiles internacionales, al considerarlo inconstitucional. Otra escollo que se ha encontrado el Tren Maya es el descubrimiento de al menos 18.000 monumentos históricos, la práctica totalidad prehispánicos, en la ruta del ferrocarril. Al menos 48 de ellos son grandes estructuras, que han obligado a desviar la ruta en algunas de las zonas de paso y supondrán un incremento de entre 175 y 300 kilómetros de vías. López Obrador quiere impulsar el desarrollo turístico del sur del país, y su expansión más allá de los balnearios de Cancún y Riviera Maya. Se estima que México recibirá 31 millones de visitantes en el 2021. El sector turístico supone el 6% del PIB del país.