La brecha de género de la dependencia
MERCADOS
Las proyecciones demográficas de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, AIReF, para el año 2050 son claras. España alcanzará los cincuenta millones de habitantes con una distribución demográfica de pirámide invertida y con una tasa de dependencia creciente derivada del incremento de población mayor de 66 años, esperándose, además, que el gasto en cuidados de larga duración crezca de forma intensa alcanzando el 1,7 % del PIB, siendo las principales beneficiarias del sistema de dependencia las mujeres, en su doble cometido de cuidadora y usuaria.
La alta esperanza de vida, la disminución de la tasa de fecundidad, la entrada en la jubilación de parte de la generación del baby boom (personas nacidas entre 1957 y 1977), un porcentaje de población superior a los 80 años más elevado que en décadas anteriores y un aumento creciente de la población mayor que vive sola, dibuja un escenario para que la sociedad en general debe estar preparada porque, aunque el sistema de atención a la dependencia está implementado, no está funcionando de igual manera en las diferentes comunidades autónomas ni la financiación es homogénea o adecuada. Seguimos sumidos en un limbo de la dependencia y unas listas de espera que, además de agotar los recursos económicos de las familias tiene otro coste que han puesto de manifiesto los expertos: dilatar el acceso a las prestaciones por dependencia provoca fallecimientos prematuros.
Constatado está que el perfil de los cuidadores de los dependientes lleva un tiempo experimentando modificaciones. Si hace unos años los cuidados recaían en las descendientes, la tendencia actual es que la cuidadora sea la pareja, a veces con ayuda profesional y otras veces sin ella. Otro hecho relevante es que existe una alternancia entre cuidadora y dependiente, alternancia en que las mujeres son las principales actoras: durante años se encargan de cuidar a sus parejas o padres para convertirse en beneficiarias del sistema de manera progresiva y muchas veces sin querer asimilar esta transformación.
Si el coste que tienen los cuidados para las familias es impactante, la realidad es que los cuidadores sufren una merma de su calidad de vida llegando incluso a un empobrecimiento en muchos casos, siendo las más afectadas las mujeres por su rol tradicional de cuidadoras. En este sentido, el real decreto-ley 2/2023, de 16 de marzo, de medidas urgentes para la ampliación de derechos de los pensionistas, la reducción de la brecha de género y el establecimiento de un nuevo marco de sostenibilidad del sistema público de pensiones, ha venido a paliar parcialmente la situación con la introducción de beneficios para los cuidadores tanto de descendientes como de familiares a cargo.
Pero es que, además de grandes beneficiarias del sistema de la dependencia en ese doble rol que ya he mencionado, en los cuidados retribuidos las mujeres siguen siendo también las principales actoras tanto en atención domiciliaria como en atención residencial, con condiciones laborales a veces no muy favorables y con una formación escasa al recibir fundamentalmente trabajadores que no encuentran trabajo en otros sectores.
La dotación de recursos sanitarios, la inversión en formación de los cuidadores y la profesionalización de los servicios se presentan como las grandes herramientas para combatir la brecha de género de la dependencia. Un acceso económico y rápido a un servicio profesionalizado redundará en un menor coste para las familias y una disminución de los cuidados no retribuidos realizados por mujeres.