Esta misma semana, a través del INE, hemos sabido que el riesgo de pobreza o exclusión social, medido por el indicador Arope, bajó al 18,8 % en Galicia durante el pasado año, lo que supone la tasa más baja desde que hay registros. Pese a todo, sigue siendo un porcentaje elevado, que pone de relieve la trascendencia de abordar el problema de la desigualdad. Los estándares europeos de medición del riesgo, entre otros conceptos, incluyen la carencia material severa, cuya prevalencia está en el 4,9 %. Es decir, que por cada millón de habitantes, hay casi 50.000 personas que sufren esta situación y que constituye un indicador de vulnerabilidad grave. En cierto modo, supone encender todas las luces rojas. Un hogar se encuentra en carencia material severa cuando no puede permitirse cuatro de estos nueve apartados: una comida de carne, pescado o pollo cada dos días; mantener la vivienda a temperatura adecuada; afrontar gastos imprevistos (en un límite de 650 euros); irse de vacaciones una vez al año; tener al día los gastos de la vivienda principal; y, por último, disponer de automóvil, teléfono, televisión o lavadora. Si tomamos en consideración los datos del INE, en Galicia, aproximadamente, hay cien mil personas bajo estas circunstancias. El crecimiento de la ocupación y la subida del SMI seguramente han contribuido a que la cifra no sea mayor, pero hay que tener en cuenta otros factores, como la inflación, las precarias condiciones laborales y, sobre todo, el coste de acceso a la vivienda. En España, los hogares que se hallan en situación de pobreza destinan más del 70 % de sus ingresos al alquiler, una cifra que duplica los niveles de hace casi dos décadas. Son las familias monoparentales y los menores de 24 años los que registran las tasas de exclusión más altas. Y a la brecha generacional se suma la población inmigrante. A menudo, las personas sin hogar y extranjeros indocumentados quedan fuera de las estadísticas. Una sociedad que aspire a la justicia no puede mirar para otro lado.