El Parlamento portugués debate la ley de Presupuestos Generales del 2026, que se someterá a una votación definitiva a finales de mes. Uno de los puntos calientes es la partida para el Sistema Nacional de Sanidad (SNS), que apenas varía frente a este año, pero que exige a los hospitales reducir sus compras en un 10 %; algo que los médicos consideran «una meta ambiciosa», en un contexto de envejecimiento de la población y encarecimiento de las medicinas.
Teniendo en cuenta que el país consolida su reducción de deuda, con la previsión más baja en los últimos 17 años —del 87,8 % del PIB, rozando el valor medio de la zona euro—, a muchos extraña que se escatime en un área tan delicada.
Sin embargo, hay un sentimiento de fondo muy presente en el día a día portugués, algo que nace en el trauma de la troika y que puede dar una pista: según una encuesta del Instituto de Ciencias Sociales de Lisboa realizada para el semanario Expresso en el 2023, nuestros vecinos consideran que sus impuestos son demasiado altos, pero prefieren no tocarlos si eso pone en riesgo el compromiso de reducción de deuda o los servicios públicos.
Entonces, en el 2023, culminaba la política de contas certas de António Costa, con una histórica reducción de deuda y el mayor superávit presupuestario en cincuenta años. De puertas afuera, se llamó «el milagro portugués», pero intramuros significó una década de compromiso y sufrimiento ciudadanos, con la pérdida de nivel adquisitivo entre funcionarios, la precariedad en la enseñanza y la sanidad, un estancamiento en las infraestructuras y sensación de abandono entre las fuerzas de seguridad.
El país, cansado, transmitió su malestar a las urnas; sea por hartazgo o por credulidad, su compromiso con las contas certas se empieza a diluir y encuentra opciones políticas que prometen lo que parecía imposible: reducir deuda e impuestos, subir las pensiones y mejorar los servicios públicos. Pero, de momento, los hospitales deberán ahorrar.