Todo es muy legal. Claro. Faltaría más. Las leyes las han hecho ellos. Es completamente legal que los eurodiputados, que ganan 17.000 euros mensuales, además de gozar de variadas prebendas, tengan un fondo de pensiones privado en una sicav con sede en el paraíso fiscal de Luxemburgo, al que el Parlamento Europeo ha aportado 95 millones de euros de dinero público. Es absolutamente legal que Magdalena Álvarez, tras verse obligada a dimitir como vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones por su imputación en el caso ERE, vaya a cobrar 10.000 euros al mes hasta los 65 años y una vez que se jubile tenga derecho a una pensión de 4.000, compatible con la española. Tampoco consta que sea ilegal que casi un centenar de los 700 empleados del Tribunal de Cuentas, organismo encargado de fiscalizar a partidos políticos y organismos públicos, sean familiares o allegados de altos cargos de la institución y de sus representantes sindicales, es decir enchufados. Es legal, por supuesto, que los dirigentes del PP cobren cuantiosos sobresueldos, aunque durante muchos años lo ocultaran concienzudamente a la ciudadanía. Como enteramente legal es que haya 10.000 aforados, entre ellos más de 2.000 políticos, con una protección jurídica superior al resto de los españoles.
Todo esto es legal, totalmente legal. También lo es el desahucio de una familia con tres menores, uno de ellos nacido hacía solo 20 días, que tuvo lugar el pasado viernes en Madrid. Y es repugnantemente legal que juzguen a dos ancianos bajo la acusación de robar una lata de anchoas de un euro. En este auténtico paraíso de legalidades el desprestigio de la clase política y el cabreo ciudadano crecen exponencialmente. ¿A alguien le puede extrañar?